Los Gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León, junto con el tejido empresarial de estas tres comunidades han suscrito esta semana la Declaración Compostela, que insta a la Comisión Europea a culminar el dictamen sobre las prórrogas de la AP-9 y AP-66.
El documento consolida así una posición común del noroeste peninsular en defensa de intereses económicos, sociales y territoriales compartidos.
En este sentido, esta Declaración de Compostela subraya la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste. Asimismo, destaca que su régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas.
Así mismo, estos tres Ejecutivos autonómicos pedirán una reunión con el vicepresidente Ejecutivo de Mercado Interior de la Unión, Stéphane Séjourné, para trasladarle la preocupación ante una situación de discriminación territorial que consideran inaceptable,
Ofensiva coordinada contra los peajes
En los últimos meses, los responsables regionales de las tres regiones vienen intensificando su ofensiva contra estos pejaes que sitúan entre los más caros de España y que, a diferencia de en otras zonas donde se han liberalizado tras la finalización de su concesión, se van a prorrogar.
En el caso de la AP-9 se reclama su rescate y la transferencia de la titularidad a la Xunta sin cargas extra y con la certeza de que las futuras cargas que puedan surgir de los procesos judiciales abiertos en relación con la autopista sean asumidas por el Estado.
El acuerdo se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea concluyera en su dictamen motivado que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 formalizadas en el año 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones.
A su vez, la apertura del correspondiente procedimiento de infracción contra España por este asunto comenzó hace casi cinco años.
