El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a 16 personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado atribuye a los investigados por el denominado ‘caso Gaslow’ siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.
De igual modo, en el caso del capitán de la Guardia Civil investigado, propone juzgarle por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Además, también propone que se declare a un total de 82 personas jurídicas como responsables civiles.
De lo investigado por el juez Pedraz se desprende que los investigados formarían parte de una organización criminal, integrada por tres grupos que actuaban de forma coordinada y cuya finalidad era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que les permitiera bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado para aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos.
Organización estructurada en varios grupos
Según el magistrado instructor, esta organización estaba estructurada en varios grupos liderados por distintos responsables y, aunque pudiera existir una relación de horizontalidad en las relaciones entre estos líderes, los recursos necesarios para realizar el fraude, esto es, la capacidad de introducir hidrocarburo en el esquema societario estaba en poder de los que poseen las operadoras, esto es, Gaslow Abastecimientos y Nascor Energias.
Según detalla el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.
Una vez realizado el fraude, explica el juez, el disfrute de los beneficios no se llevaba a cabo directamente por la organización criminal desde las entidades con las que se realiza, sino que existían uno o varios pasos previos para alojar los fondos.
En este sentido, la investigación ha detectado operativas acreditativas de blanqueo de capitales por importe de casi 60 millones de euros.
Tras el dictado del auto de pase a procedimiento abreviado, la Audiencia Nacional ha acordado dar traslado de las diligencias a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien insten el sobreseimiento de la causa.
