El Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera ha emitido esta semana un duro comunicado en el que carga contra "interpretaciones interesadas y torticeras que algunas organizaciones de cargadores" hacen de la nueva fórmula de revisión automática de los precios del transporte en función de la evolución del precio del gasóleo.
Medida esperada en el sector
Tras bendecir lo que el órgano consultivo considera "una medida largamente demandada por el sector y cuya aprobación ha contado con el respaldo decidido de esta organización frente a las presiones ejercidas por determinados intereses contrarios a su desarrollo efectivo", alerta de una práctica que, a su juicio, "vacía de contenido el espíritu y la finalidad de la reforma".
En esta misma línea, el Comité recuerda que "el texto legal es claro y no admite manipulaciones destinadas a trasladar nuevamente al transportista el impacto de las fluctuaciones del combustible" y que "el Real Decreto-ley incorpora un régimen sancionador específico que permitirá actuar frente a incumplimientos tanto puntuales como reiterados, reforzando la eficacia de la norma y garantizando su cumplimiento efectivo en el mercado".
El espíritu de la norma
Ante esta coyuntura, la entidad afirma que "continuará vigilante para asegurar que la aplicación de esta medida se produzca de forma íntegra y conforme al espíritu de la norma, defendiendo los intereses de los transportistas frente a cualquier intento de distorsión o incumplimiento".
Para el órgano de representación del transporte, "esta reforma responde a una reivindicación ampliamente demandada por el sector y contribuye a corregir uno de sus principales desequilibrios estructurales: la imposibilidad de trasladar de forma automática los incrementos de costes a los precios del servicio, situación que ha comprometido gravemente la rentabilidad y la estabilidad de miles de empresas transportistas durante los últimos años".
Así mismo, la entidad también defiende que "la posibilidad de actualizar automáticamente los precios conforme a la evolución del combustible permitirá evitar que las empresas transportistas sigan asumiendo en solitario el impacto económico derivado de las subidas del gasóleo" y destaca especialmente que "la norma establece expresamente que cualquier pacto en contrario será considerado nulo de pleno derecho, cerrando así la puerta a prácticas contractuales abusivas que durante años han tratado de impedir o desvirtuar la aplicación real de los mecanismos automáticos de revisión de precios".
