Conetrans ha denunciado que "siguen existiendo numerosas empresas cargadoras que incumplen total o parcialmente la obligación legal de revisar el precio del transporte en función de la evolución del coste del combustible".
La entidad asegura haber constatado "con enorme preocupación que, todavía hoy, numerosos cargadores continúan sin aplicar correctamente esta cláusula o lo hacen de forma desigual entre sus distintos proveedores de transporte".
Para la patronal, "resulta especialmente grave que, en demasiadas ocasiones, las condiciones más desfavorables recaigan precisamente sobre aquellos transportistas con menor capacidad de negociación: autónomos y pequeñas empresas familiares que constituyen la base del tejido empresarial del sector, a los que están conduciendo a una situación económica límite".
Contra empresas de segunda
Por ello, Conetrans reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "analizar con urgencia las denuncias presentadas a través de los mecanismos habilitados para detectar estas prácticas", a la vista de que "el buzón de denuncias acumula ya un elevado número de comunicaciones relacionadas con incumplimientos de la normativa y comportamientos abusivos por parte de determinados cargadores".
La organización empresarial afirma que "la dignificación del transporte por carretera exige normas eficaces, pero también su cumplimiento efectivo. No puede haber empresas de primera y de segunda en función de su capacidad de negociación. La ley debe proteger especialmente a quienes se encuentran en una posición más vulnerable, evitando que determinadas prácticas comerciales puedan llevar a la ruina a autónomos y pequeñas empresas que prestan un servicio esencial para la economía y para el conjunto de la sociedad".
