El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley para transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a Galicia, con los votos en contra de PP y Vox. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado antes de que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central.
PSOE, BNG y Sumar llegaron hace unas semanas a un acuerdo para transferir no solo la gestión, sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia. El nuevo texto dio pie a una proposición de ley orgánica, que según el PP no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada previamente en el Parlamento de Galicia.
En su caso, aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".
Condiciones y límites para la transmisión de competencias
Desde Europa Press, indican que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal. Esta deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.
También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria. Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, y para la redacción y aprobación de convenios o adendas a los actuales.
En este sentido, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas durante su competencia.
En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. Respecto a la Xunta, las modificaciones que quiera promover la comunidad autónoma sobre el régimen económico financiero de la concesión no podrán afectar a los compromisos económicos previstos.
