En los últimos años la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte, Fenacontrans, ha venido llevando a cabo una intensa actividad en diferentes ámbitos administrativos y judiciales para tratar de erradicar la actuación irregular y fraudulenta que desarrollan un grupo de minoritario de cooperativas de transporte, desprestigiando el buen hacer del resto.
Promovidas por un reducido grupo de gestores, basan su existencia y funcionamiento en las ventajas fiscales del régimen de módulos, incorporando a socios que sin ser transportistas tributan en dicho régimen fiscal de forma fraudulenta. Esto supone una situación de "grave intrusismo y competencia desleal" para el resto de cooperativas, autónomos y empresas de transporte en nuestro país.
Por ello, valoran muy positivamente la actuación llevada a cabo en este último año por parte de la Inspección de Transporte contra 16 cooperativas denunciadas que estaban radicadas principalmente en Cataluña, aunque con sucursales en otras Comunidades Autónomas. Según explican desde Fenacotrans, figuraban indebidamente dados de alta como transportistas sus 276 socios para beneficiarse del régimen de módulos y facturar como tal, pese a carecer dichos cooperativistas de autorización de transporte.
Intensificar la inspección
En total, se han impuesto sanciones por un importe total de 1.656.552 euros. No obstante, a la Federación le consta que sus promotores han creado nuevas cooperativas en otras Comunidades Autónomas con el objetivo de eludir el control, con el mismo modus operandi, por lo que ha solicitado al Ministerio de Transportes que intensifique esta actuación de inspección a lo largo de este año.
Para reforzar la erradicación de este grupo de pseudocooperativas, también ha promovido diferentes actuaciones ante la Agencia Tributaria y en el ámbito penal, por la presunta comisión de diferentes infracciones y delitos de índole tributario, tanto contra sus gestores como contra los socios que forman parte de ellas.
En todo caso, considera que esta actuaión fraudulenta no debe desvirtuar el carácter eminentemente social e integrador de esta figura empresarial, amparada en la Constitución española y regulada en las leyes autonómicas de cooperativas. Por ello, rechaza que esta utilización indebida, aunque marginal, de las cooperativas, sirva de excusa a determinados intereses ajenos al sector del cooperativismo para cuestionar esta fórmula empresarial, basada en los principios de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad y solidaridad de sus miembros.
