El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha respaldado la propuesta de Sumar para ajustar las multas de tráfico a la renta del infractor y endurecer el castigo por los grandes excesos de velocidad. El planteamiento abre la puerta a sanciones mucho más altas en los tramos de ingresos elevados y a que determinados excesos pasen al ámbito penal.
La paradoja está en que Navarro comparte el criterio de que quien más tiene más debe pagar, pero admite que aplicarlo en España exige acceso a datos fiscales y una coordinación con el Ministerio de Hacienda que hoy complica su puesta en marcha. Ahí está el atasco real para una medida que cambiaría de forma directa el importe final de muchas sanciones.
Pere Navarro avala que las multas suban con la renta del infractor
La propuesta defendida por Sumar implicaría que una multa de 300 euros pudiera elevarse hasta 1.800 euros cuando el infractor supere los 100.000 euros de ingresos anuales.
Navarro apoya esa filosofía y la vincula a un criterio de proporcionalidad económica. En su planteamiento, la sanción deja de tener el mismo impacto para todos cuando la capacidad de pago entre conductores es muy distinta.
Ese modelo ya funciona en varios países europeos, entre ellos Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza y Reino Unido, donde existen fórmulas para ligar la cuantía de determinadas multas a la situación económica del sancionado.
En España, el principal problema no está en la idea, sino en su ejecución administrativa. La aplicación práctica obligaría a cruzar datos tributarios y de tráfico, un punto que conecta con debates previos sobre sanciones de tráfico y sobre cómo se notifican y cobran las infracciones.
Tráfico también respalda que ciertos excesos pasen a ser delito
Además del cambio en el cálculo de las multas, Navarro considera necesario aumentar las sanciones por los grandes excesos de velocidad.
Su apoyo alcanza a la propuesta de que superar en más de 40 km/h el límite en ciudad y en más de 60 km/h el límite en carretera sea considerado delito. Ese salto endurece el riesgo jurídico porque ya no habla solo de una multa administrativa, sino de consecuencias penales para los casos más graves.
Para quien trabaja cada día con el vehículo, el cambio no afecta igual a una infracción leve que a una muy grave. El umbral que separa la sanción económica del delito pasaría a ser un dato operativo central en rutas urbanas y en carretera convencional.
Navarro también ha defendido en otras ocasiones un refuerzo del control de la velocidad y del castigo asociado a las conductas de riesgo, como ya apuntaban otros planes sancionadores ligados a la seguridad vial.
El director general de Tráfico resume su posición en una idea y en una cautela a la vez. Comparte que quien más tiene debe pagar más, pero sitúa la dificultad en la gestión de los datos fiscales y en la coordinación administrativa necesaria con Hacienda.
