Cuatro guardias civiles acabaron denunciados por exceso de velocidad tras pasar por un radar cuando acudían de urgencia a un atraco en Granada. El procedimiento llegó a exponerles a penas de cárcel, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del permiso de conducir pese a que la actuación estaba vinculada a un servicio de emergencia.
La paradoja del caso apareció en la propia tramitación. Había informes oficiales que justificaban que las dos patrullas superaran el límite de 80 km/h para intentar interceptar a los atracadores, pero la Agrupación de Tráfico abrió diligencias judiciales igualmente.
El fiscal pidió archivar unas diligencias abiertas pese a los informes de urgencia
Finalmente, el fiscal calificó el asunto de “inaudito” y pidió el archivo de las diligencias. La jueza aceptó esa petición y cerró el procedimiento penal contra los cuatro agentes.
Durante la actuación, las patrullas habían rebasado el límite de velocidad fijado en ese tramo para llegar al lugar del atraco e intentar interceptar a sus autores. El punto más delicado no fue la captación del radar, sino que la denuncia siguiera adelante aun cuando constaban informes oficiales que encuadraban la maniobra en un servicio urgente.
Ese recorrido procesal colocó a los agentes ante un riesgo penal completo.
La apertura de diligencias implicaba la posibilidad de cárcel, sanción económica, trabajos comunitarios y pérdida del permiso de conducir. En un ámbito como el del transporte por carretera, donde el margen de error de los radares ha sido objeto de controversia, el caso añade además un debate sobre cómo se tramitan las denuncias cuando la velocidad se produce en un contexto excepcional.
AUGC vincula la denuncia con dos cargos de la asociación entre los afectados
Además del archivo, el caso ha abierto un frente interno dentro del cuerpo por el origen de la denuncia.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, cuestiona si hubo intereses ocultos porque dos de los afectados ocupan cargos en la organización. La asociación sostiene que no tenía precedentes de un caso similar y sitúa la anomalía en que unos agentes terminen ante un juzgado por una actuación vinculada a una urgencia operativa.
En paralelo, el episodio coincide con un escenario de vigilancia reforzada en carretera, con nuevos radares activos y campañas específicas de control de velocidad que elevan la presión sancionadora sobre cualquier conductor que circule por encima del límite.
AUGC critica que agentes que arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos tengan que afrontar procesos judiciales por cumplir con su deber en situaciones de urgencia, una posición que la asociación mantiene después de que la jueza aceptara el archivo solicitado por el fiscal.
