La decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de seguir adelante con la reforma de los pliegos que regulan los contratos de conservación y explotación de la red estatal de carreteras ha encendido todas las alarmas en el sector de la conservación de carreteras.
La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, ha alertado de las consecuencias de adjudicar este servicio público teniendo como criterio principal el precio, pues la calidad debe ser el eje central de cualquier contratación pública.
La Directiva 2014/24/UE establece que la contratación pública debe garantizar competencia, transparencia y protección del interés general. Reducir la adjudicación prácticamente al precio desvirtúa ese equilibrio y se aleja del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público para lograr la mejor relación calidad-precio, con el riesgo de bajas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y pérdida de innovación.
En este sentido, recuerdan que eliminar por completo la evaluación técnica en contratos complejos de conservación supone prescindir del análisis experto en aspectos esenciales como la planificación, la gestión de riesgos o la innovación. Además, presentar como “mejoras” simples aumentos de cantidad, más kilómetros o más volumen de actuación, convierte la calidad en un criterio cuantitativo.
Oposición del sector
Desde Acex, sostienen que la decisión se adopta pese a la oposición mayoritaria del sector y tras años de fuerte presión inflacionista, incremento de costes energéticos y de materias primas, y dificultades para atraer y retener talento cualificado. En su opinión, este modelo tensiona aún más los márgenes y penaliza la calidad, comprometiendo la viabilidad de muchas empresas y, con ello, la prestación del servicio.
Además, agrava la situación en las carreteras, que acumulan un alto déficit de inversión. Por ejemplo, sin incumplir la ley, podrían utilizarse materiales menos duraderos o simplificarse procesos técnicos para compensar la presión económica, una situación que no sería visible en el corto plazo, pero que con el paso del tiempo podría traducirse en más deterioro y más coste de mantenimiento.
Igualmente, ahora la innovación dejará de ser un elemento incentivado para convertirse en un coste que no aporta valor en los criterios de adjudicación. También supone mayor presión a nivel empresarial, pues no solamente habrá que bajar el precio sino ofrecer actuaciones adicionales que correrán por su cuenta, por lo que podrían verse obligadas a ajustar en otros aspectos menos visibles.
Un sistema centrado casi exclusivamente en precio y cantidad simplifica la adjudicación, pero puede debilitar la capacidad estratégica de la Administración y comprometer la eficiencia real del servicio a medio y largo plazo. Los gestores públicos deben optimizar recursos económicos limitados, pero no a costa de la seguridad de los usuarios ni de la sostenibilidad del sistema, recuerdan.
El modelo de concurso ha permitido históricamente valorar experiencia, solvencia técnica, capacidad innovadora y mejoras en seguridad vial. Gracias a este enfoque, las empresas han competido no solo en costes, sino también en tecnicidad, aportando soluciones que añaden un valor real al ciudadano.
