Como don erre que erre, con esa misma insistencia, pero sin la ternura forzada de Paco Martínez Soria, Seopán incide una y otra vez en que hay que poner peajes a los camiones.
Ya una vez más, el Comité Nacional del Transporte por Carretera ha vuelto a hacer público su "rechazo rotundo a las últimas propuestas planteadas por Seopán para implantar en España un sistema generalizado de peajes al transporte pesado".
Para el ente consultivo, "resulta inaceptable que, una vez más, las grandes constructoras intenten convertir las carreteras españolas en un nuevo negocio a costa de un sector esencial para el país y para millones de consumidores. Bajo discursos aparentemente técnicos, lo que realmente se plantea es trasladar al transporte y a la sociedad un enorme sobrecoste para abrir nuevas oportunidades de negocio privadas".
Contra el pago por uso
Por otro lado, el Comité también "rechaza igualmente el recurrente argumento de “quien usa paga”, porque el transporte ya paga, y mucho. Solo a través de la fiscalidad aplicada al gasóleo de automoción, el Estado ha recaudado en la última década más de 200.000 millones de euros. Resulta, por tanto, injustificable pretender imponer una nueva carga económica mientras no se garantiza que esos recursos se destinen realmente al mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias".
Además, la entidad representativa del transporte defiende que "no es casualidad que este debate resurja periódicamente impulsado por quienes aspiran a gestionar nuevas fórmulas de explotación de carreteras en beneficio propio. Las infraestructuras no pueden concebirse únicamente como un modelo de negocio para determinados grupos empresariales, sino como un servicio estratégico para la cohesión territorial, el abastecimiento y el funcionamiento de la economía".
Por todo ello, el Comité Nacional del Transporte considera "profundamente irresponsable plantear una medida que castigaría a empresas y ciudadanos en un contexto de elevada presión de costes" y argumenta que "el transporte por carretera no puede seguir siendo utilizado como una fuente adicional de recaudación ni como instrumento para financiar intereses privados a costa de la competitividad del país y del bolsillo de los españoles".
