Renfe Mercancías ha confirmado la semana pasada que el cierre definitivo del Taller de Remolcado de la localidad burgalesa Miranda de Ebro se producirá este próximo 30 de junio.
El operador público fundamenta esta decisión en criterios de rentabilidad económica, argumentando la reducción de cargas de trabajo, la falta de personal y las pérdidas acumuladas en los últimos años.
Frente a ello, Comisiones Obreras argumenta que "una empresa pública no puede ni debe regirse exclusivamente por balances económicos a corto plazo. El ferrocarril público cumple una función estratégica, social e industrial que trasciende la mera cuenta de resultados".
Doble vara de medir
En esta misma línea, el sindicato denuncia lo que considera una doble vara de medir en relación con las ramas de viajeros y de carga de la pública, alasegurar que "durante los últimos años hemos asistido a una firme defensa de la posición de Renfe Viajeros frente a la competencia derivada de la liberalización del transporte ferroviario. Hemos visto cómo se han movilizado recursos, esfuerzos y estrategias para preservar y fortalecer la actividad de viajeros. Sin embargo, esa misma determinación ha brillado por su ausencia en el caso de Renfe Mercancías".
Para la central, "la realidad es que Renfe Mercancías lleva años inmersa en un proceso de pérdida progresiva de actividad, sin que la empresa haya desarrollado una estrategia eficaz para garantizar su crecimiento y su viabilidad futura".
En este sentido, Comisiones Obreras concluye que "el cierre del taller de Miranda no es únicamente consecuencia de una supuesta falta de rentabilidad; es también el resultado de una evidente falta de apuesta por el transporte ferroviario de mercancías y de la ausencia de medidas encaminadas a recuperar cargas de trabajo y fortalecer el negocio".
Además, la organización denuncia "la falta de información y de negociación previa con la representación legal de las personas trabajadoras".
Por ello, el sindicato "se reserva la adopción de cuantas acciones considere oportunas. Dichas decisiones serán analizadas con rigor, responsabilidad y en permanente contacto con la plantilla afectada, cuya opinión será fundamental para determinar los próximos pasos" y asegura que "seguiremos exigiendo explicaciones, alternativas y compromisos reales que garanticen el futuro del empleo y del ferrocarril público".
