La Asociación de Consignatarios, Concesionarios y Estibadores del Puerto de Bilbao ha rechazado la aplicación de la tasa turística a los cruceristas en los términos contemplados en la Norma Foral 3/2026, por considerar que establece un tratamiento discriminatorio respecto a otros visitantes, introduce un gravamen desproporcionado y perjudica la competitividad del puerto frente a otros cercanos.
ACBE ha solicitado a la Diputación Foral y al Ayuntamiento de Getxo que revisen los aspectos de la normativa que afectan a la actividad crucerística, para evitar las consecuencias negativas para un tráfico que contribuye a la actividad económica y turística del territorio.
Una de sus principales objeciones radica en que el impuesto grava la escala del crucero, con independencia de que sus pasajeros pernocten o no en Vizcaya, aunque el 97,5% de los cruceristas no pasa la noche en el territorio. De este modo, se produce una situación de evidente desigualdad respecto a quienes llegan a Bilbao en avión, tren, autobús o vehículo particular.
La Asociación también cuestiona la cuantía prevista para los pasajeros de cruceros, situada entre 6 y 7 euros, un importe que supera incluso el aplicable a los hoteles de cinco estrellas. Esta circunstancia situaría a Bilbao en una posición de desventaja frente a otros destinos como Santander y Gijón, que no aplican una tasa equivalente, o La Coruña, donde el importe es de 1,50 euros.
Estas diferencias pueden influir en las decisiones de las navieras a la hora de programar sus itinerarios y seleccionar los puertos de escala, en un mercado internacional caracterizado por una creciente competencia entre destinos.
Nuevas obligaciones para los consignatarios
A estas objeciones se añade la preocupación por el régimen de gestión previsto, que atribuye a los consignatarios de los buques obligaciones que exceden de su actividad habitual, pues les encomienda el cobro del impuesto y su autoliquidación. Además, les atribuye responsabilidad solidaria respecto de la deuda tributaria.
Frente a esta situación, ACBE plantea una serie de modificaciones orientadas a lograr una regulación más equilibrada y ajustada a las características de la actividad crucerística. Entre sus propuestas figura limitar la aplicación del impuesto a las escalas que impliquen pernoctación, reducir sustancialmente el tipo previsto y establecer que cada municipio pueda decidir potestativamente sobre su aplicación.
Asimismo, ha solicitado la incorporación de un régimen transitorio que tenga en cuenta las escalas de cruceros ya programadas, evitando que la entrada en vigor de las nuevas obligaciones altere las condiciones bajo las que las navieras planificaron sus operaciones.
La Asociación insiste en la necesidad de que las administraciones competentes reconsideren estos aspectos de la normativa y adopten soluciones que permitan compatibilizar los objetivos de la política turística y fiscal con el mantenimiento de la competitividad del puerto de Bilbao.
