El Consejo de Ministros de este 1 de septiembre ha dado luz verde a un Real Decreto-ley con medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta.
La norma ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado este 2 de septiembre
La iniciativa tiene el objetivo, según el Gobierno, de dar respuesta efectiva a los retos que enfrenta la ciudad por la invasión de una cifra indeterminada, pero extraordinariamente elevada, de personas llegadas de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
Más de 300 millones
Las medidas superan los 300 millones de euros y se articulan en cuatro ejes que comprenden refuerzo de servicios esenciales por importe de 21 millones de euros, seguridad con un valor de 90 millones de euros acogida humanitaria, dotada con 118 millones de euros, y empresas y trabajadores, a los que se destinada 80 millones de euros.
Entre todas ellas, de manera particular, también se encuentra una dotación extraordinaria anual a la Autoridad Portuaria de Ceuta.
Situación singular del puerto de Ceuta
El Ejecutivo argumenta que el puerto de Ceuta es una instalación singular dentro de la generalidad de los puertos de interés general del Estado. Así, se trata de un puerto que limita su hinterland a la propia Ciudad Autónoma, con una actividad ligada de forma prácticamente exclusiva al consumo de la ciudad, con muy limitada extensión y exenta de zonas industriales y agrícolas que permitan generar producciones relevantes.
Por ello, se establecen nuevas aportaciones directas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado por un valor de 4,25 millones de euros al año entre 2027 y 2031, en atención a la singularidad de la rada ceutí dentro del sistema portuario de interés general y al papel que juega como infraestructura fundamental para la gestión de la situación migratoria de la ciudad autónoma y su conectividad con el territorio peninsular.
El Gobierno asegura que con estas cantidades se podrán acometer imprescindibles actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras portuarias, en materia de mejora medioambiental y muy particularmente en materia de seguridad y protección, dada su condición de territorio fronterizo.
En este último caso, la norma destaca el especial esfuerzo que ha de prestarse en la materia en el puerto de Ceuta para la adecuación de espacios en los que realizar el control en los embarques de vehículos, previniendo eficazmente la presencia de polizones, control de intrusiones, la habilitación de espacios para el desarrollo de tareas de colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones y otras entidades involucradas en la gestión de la situación migratoria, todo lo cual tienen un significativo impacto en los gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria, lo que contribuye a lastrar la viabilidad financiera del puerto, lo que no sucede con tanta intensidad en otros enclaves portuarios peninsulares.
Todo este argumentario viene a reconocer que las inversiones en seguridad que se vienen realizando en el puerto de Ceuta son insuficientes en relación con sus medios y, al mismo tiempo, dejan al puerto de Melilla en una situación de inferioridad pese a estar sometido a la misma presión geográfica.
