Izquierda Unida ha reclamado estos últimos días a la Autoridad Portuaria de Gijón que no adjudique a una empresa israelí un contrato de mantenimiento del sistema de vigilancia del recinto.
Ante ello, los responsables del enclave han emitido un comuncado en el que aseguran que actúan "siempre con pleno sometimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, a la normativa estatal y europea aplicable y a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación".
Procedimiento con garantías
En este mismo sentido, el ente gestor portuario gijonés precisa que "una empresa concurre válidamente a una licitación, no está incursa en prohibición de contratar y acredita la solvencia técnica, económica y profesional requerida, la Administración no puede excluirla arbitrariamente ni alterar el resultado de un procedimiento público por razones ajenas a los criterios establecidos en la licitación" y que "el contrato no ha sido adjudicado y no se ha adoptado una decisión definitiva en el procedimiento".
Así mismo, la Autoridad Portuaria dice compartir "la sensibilidad social y humanitaria existente en torno al conflicto en Gaza y la necesidad de que toda actuación pública se desarrolle con respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y a las decisiones adoptadas por el Gobierno de España. Precisamente por ello, no se adoptará ninguna decisión que no cuente con las garantías jurídicas necesarias".
Finalmente, la entidad concluye que "la seguridad del puerto de Gijón no puede ser utilizada como elemento de confrontación política. El Musel es una infraestructura estratégica para Asturias y para España, y su protección requiere decisiones técnicas, responsables y jurídicamente sólidas. La Autoridad Portuaria seguirá actuando con transparencia, prudencia y rigor, garantizando tanto la legalidad del procedimiento como la defensa del interés general".
