El Ministerio de Fomento está trabajando para que las nueve autopistas en quiebra puedan seguir en servicio y que "generen ingresos suficientes para pagar los intereses de su deuda", sin tener que inyectar dinero público. Así lo ha expresado su titular, Ana Pastor, en referencia a la responsabilidad patrimonial que el Estado debería afrontar en caso de que las autopistas fueran a liquidación.
El Gobierno planteó hace unas semanas a concesionarias, constructoras y a la banca acreedora de las autopistas una solución que pasa por integrar las autopistas en una empresa pública tras, previamente, realizar una quita a su deuda financiera y dejarla en unos 2.400 millones de euros.
"Todo el trabajo que estamos haciendo es con el fin de buscar soluciones que hagan posible que a los ciudadanos no les cueste ni un solo euro. Y, desde luego, mientras yo sea ministra no le va a costar ni un euro a ningún español, porque cuando decimos una cosa la hacemos. Tienen mi compromiso de que esto será así", ha añadido Pastor.
El partido socialista interpela a Pastor en el Congreso
En su respuesta a una interpelación planteada por el diputado socialista Rafael Simancas sobre la situación de las autopistas de peaje en concurso de acreedores, la ministra ha criticado que el anterior Gobierno del PSOE no reaccionara a los problemas que ya atravesaban en su momento.
"El Gobierno socialista llegó a esto tarde, mal y a rastras, y no se puso a tomar medidas hasta 2010”, ha declarado la ministra, recordando que los españoles están pagando 483 millones de euros de los préstamos participativos y 80 millones de las cuentas de compensación concedidos a las concesionarias por el anterior Ejecutivo.
En cuanto a las causas de la actual situación de las autopistas, Pastor ha rechazado que su origen esté en la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno de José María Aznar y en el incremento de los justiprecios de las expropiaciones que hubiera podido generar. En su lugar, Pastor recordó que "su equipo ha introducido mayor control económico sobre los jurados provinciales de expropiación forzosa y ha limitado el derecho a retasación tras el pago o la consignación del justiprecio”.
En su interpelación, Simancas ha hecho hincapié en la "indignación de los ciudadanos", y ha recomendado al Gobierno que, antes de pagar, intente acudir a los tribunales para no ejecutar la responsabilidad patrimonial porque "incluso con quita serán los españoles los que pierdan", ya que los mayores acreedores de las concesionarias son entidades como Bankia, que también son propiedad pública.