La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ha compartido sus primeras valoraciones sobre la Ley de Aceleración Industrial propuesta por la Comisión Europea para aumentar la demanda de tecnologías y productos hipocarbónicos fabricados en Europa.
Así, desde Acea comparten el objetivo de reforzar la base industrial de la UE y reducir la dependencia de terceros países en tecnologías estratégicas. También coinciden en la necesidad urgente de construir una cadena de valor europea integrada para las baterías, y de hecho, los fabricantes ya están realizando importantes inversiones en la producción de baterías en Europa.
No obstante, consideran que la norma solo podrá alcanzar sus objetivos si va acompañada de una sólida estrategia industrial que impulse la competitividad europea. Esto es especialmente importante en el caso de las baterías, ya que la propuesta parte de previsiones optimistas sobre el futuro suministro interno de componentes, pero sin energía más barata, permisos más ágiles y apoyo a la inversión, la producción no crecerá con la rapidez suficiente para cumplir con las ambiciosas exigencias de la propuesta.
Aunque la Ley puede convertirse en una herramienta potente para reforzar la competitividad, para lograrlo debe basarse en la realidad de la cadena de valor y ofrecer un enfoque más práctico y flexible. Acea ha pedido a los legisladores que revisen la propuesta actual teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Definiciones clave: aún faltan varias definiciones fundamentales, incluida la metodología para definir el acero y el aluminio bajos en carbono, así como la interpretación jurídica de si el ensamblaje de vehículos dentro de la Unión implica siempre a la UE27. Sin estas aclaraciones, ni los legisladores ni la industria pueden evaluar la viabilidad de cumplir con los umbrales propuestos.
- Ámbito geográfico: los miembros de Acea mantienen diferentes posiciones sobre el alcance geográfico de la Ley de Aceleración Industrial.
- Incentivos: la aplicación de la normativa incrementará los costes de fabricación de vehículos y, por tanto, los precios. Por ello, debería incluir incentivos suficientes para compensar los costes de localización, como por ejemplo extender los “supercréditos” a todos los coches y furgonetas eléctricos de batería fabricados en la UE. También deberían habilitarse esquemas de apoyo financiero directo para entidades públicas para compensar los costes adicionales derivados de adquirir camiones y autobuses fabricados en la UE.
- Requisitos de información: existe el riesgo de que la Ley de Aceleración Industrial se convierta en una Ley de Administración Industrial, pues la carga administrativa que requerirá informar sobre el origen de miles de componentes procedentes de multitud de proveedores de todo el mundo será considerable. Por ello, debe poder auditarse fácilmente y las obligaciones de información deben ser lo más simples posible.
- Necesidades específicas del transporte pesado: la propuesta actual no refleja claramente las particularidades de camiones y autobuses, así como los largos plazos de desarrollo característicos de este segmento, ni aborda adecuadamente el papel específico de la ciberseguridad en los vehículos que prestan servicios públicos. Cuando la Ley entre en vigor, podría ser demasiado tarde para apoyar al segmento de autobuses, que ya afronta una fuerte presión por parte de competidores extracomunitarios, y tampoco está claro si los presupuestos públicos podrán absorber los costes adicionales asociados a los nuevos requisitos para los vehículos pesados.
La Asociación está elaborando ya propuestas más concretas para reforzar el texto, que presentará a los legisladores a su debido tiempo.
