En un momento en el que los tiempos administrativos y la incertidumbre se han convertido en el principal freno para activar nuevos proyectos, la Comunidad de Madrid ha iniciado el proceso de tramitación de una nueva Ley de Suelo y Ordenación del Territorio que permtiirá a la región recuperar la competitividad en el desarrollo de suelo logístico e industrial.
Con la normativa vigente, la aprobación de un Plan General puede tardar entre 10 y 12 años. Además, solamente 21 de los 179 municipios tienen su planeamiento actualizado, lo cual limita la capacidad de la región para generar suelo y acompañar su crecimiento económico y demográfico.
Sin embargo, como explican desde Proequity, el nuevo marco legal permitirá reducir plazos a más de la mitad mediante un modelo de Planes Estratégicos Municipales, con horizonte de aprobación de cuatro a seis años, y acortar los tiempos de planeamiento de desarrollo de siete a cuatro años, e incluso hasta un año en determinados supuestos.
“Sin suelo finalista y sin plazos predecibles, los proyectos se retrasan, el coste financiero aumenta y la inversión termina buscando alternativas”, ha explicado Daniel Galache, director de Suelo de la consultora, que destaca también cómo las mayores exigencias regulatorias y costes de desarrollo siguen presionando los márgenes, haciendo que la certidumbre en plazos y cargas sea un factor decisivo para activar la inversión.
Se prevé que la nueva Ley esté operativa a principios de 2027, tras un proceso iniciado con consulta pública y encuentros con diferentes Ayuntamientos para explicar las líneas maestras del nuevo marco.
Cómo desbloquear suelo logístico
El impacto real de la nueva Ley dependerá de que el texto final incorpore medidas operativas que aborden los principales cuellos de botella del suelo productivo en la región:
- Plazos definidos y coordinación efectiva de los informes sectoriales, para evitar duplicidades y esperas entre administraciones.
- Simplificación y ordenación del marco normativo, sustituyendo la dispersión actual por un único cuerpo legal más claro, homogéneo y predecible.
- Seguridad jurídica y certidumbre de costes, especialmente relevante para la inversión institucional.
- Infraestructura y acceso a energía/potencia, un factor cada vez más determinante para la viabilidad de proyectos inmologísticos y la competitividad de los emplazamientos.
Además, desde Proequity subrayan que el debate debe centrarse en cómo acelerar la transformación del suelo mediante esquemas que aporten capacidad de gestión a los procesos, y manteniendo siempre el control público, la seguridad jurídica y la transparencia.
