El Consejo General de los Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros ha repasado ha trasladado al Departamento de Aduanas su preocupación por diversas cuestiones que afectan al funcionamiento del comercio exterior, como el impacto del régimen aplicable a Gibraltar, en el contexto del acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Como se ha explicado, la exigencia de garantías en las operaciones de tránsito T2GI podría dificultar gravemente la operativa de las empresas y comprometer la fluidez de los intercambios comerciales, pues en la práctica, traslada a los representantes aduaneros la obligación de constituir garantías para cubrir posibles deudas derivadas de estas operaciones.
En su opinión, la responsabilidad en los tránsitos T2GI debe recaer exclusivamente en el exportador o declarante, pues la exigencia de garantías a los representantes aduaneros carece de fundamento jurídico y es desproporcionada. Ademas, el Consejo considera que deben aplicarse de forma prioritaria los mecanismos de simplificación previstos en la normativa aduanera de la Unión.
Por ello, ha pedido una clarificación expresa de los criterios aplicables, así como la adopción de medidas que garanticen la seguridad jurídica y la viabilidad de ls operaciones, evitando posibles disrupciones en los flujos comerciales
Certificados de caución
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la inquietud por los efectos derivados de una instrucción reciente sobre los certificados de caución. Si se exige la emisión de un nuevo certificado cada año, las entidades aseguradoras no lo expiden, dado que ello implicaría duplicar el riesgo asumido hasta la devolución del certificado anterior.
Esta situación puede provocar que el certificado vigente caduque sin posibilidad de renovación efectiva, dejando a los operadores sin garantía ante la Aduana. La autoridad aduanera parece dispuesta a asumir la solución propuesta por el Consejo General, según la cual bastaría con aportar un escrito de la entidad aseguradora que confirme la vigencia de la póliza y el mantenimiento de la cobertura, junto con la acreditación del pago de la prima.
En el encuentro, se ha incidido también en la necesidad de reducir la carga burocrática y mejorar la eficiencia de los procedimientos, abordando cuestiones como la revisión de los criterios aplicados en la importación de productos, o la necesidad de unificar interpretaciones en materias donde hay diferencias entre aduanas. Es el caso de las franquicias arancelarias en traslados de efectos personales, el suministro de productos sujetos a impuestos especiales a buques o la gestión de determinados regímenes aduaneros.
Aplazamientos de pago y tecnología
En relación con los aplazamientos de pago, el Departamento de Aduanas ha aclarado que las nuevas instrucciones se aplican solamente a las solicitudes que se presenten a partir de ahora y que la actualización responde exclusivamente a la adaptación del modelo de solicitud a la nueva normativa. En este sentido, los plazos de pago no se modifican y continúan siendo de 30 días, permitiendo a los operadores seguir gestionando sus pagos en las mismas condiciones que hasta ahora.
En el ámbito tecnológico, el Consejo ha reportado diversas incidencias que están dificultando la tramitación de operaciones. En Canarias, por ejemplo, se han detectado problemas derivados de la interacción entre el sistema Vexcan y el modelo de declaración H1.
Asimismo, se han analizado incidencias en la gestión del Régimen de Perfeccionamiento Activo, que permite importar mercancías sin el pago de impuestos siempre que sean transformadas o reparadas y posteriormente reexportadas. El sector ha detectado errores que provocan la cancelación total del régimen cuando solo debería ser parcial, lo que genera distorsiones en la gestión de las operaciones y afecta a la correcta trazabilidad de las mercancías.
Antonio Llobet, presidente del Consejo General, ha asegurado tras esta reunión que "nos encontramos en un momento clave en el que es imprescindible alinear la normativa con la realidad operativa del comercio internacional". Por ello, considera que "no podemos permitir que decisiones que carecen de encaje práctico o jurídico acaben generando bloqueos".
