La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la desestimación de la demanda presentada por Unipost contra Correos por un supuesto abuso de posición dominante, al considerar que no ha quedado acreditado que la empresa pública desarrollara una estrategia anticompetitiva que provocara la quiebra del histórico operador postal privado. La resolución ratifica íntegramente la sentencia dictada en octubre de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona y desestima el recurso de apelación interpuesto por la compañía, actualmente en fase de liquidación.
La demanda, presentada en 2020 por la administración concursal de Unipost, reclamaba 301,25 millones de euros en concepto de daños y perjuicios al sostener que Correos había aprovechado su posición dominante entre 2004 y 2018 para excluirla del mercado mediante una política de descuentos a grandes clientes financiada, según la demandante, con ayudas estatales incompatibles con la normativa comunitaria.
Sin pruebas de una estrategia de exclusión
La Audiencia comparte el análisis realizado por el juzgado de primera instancia y concluye que no se ha acreditado que las ayudas públicas percibidas por Correos se utilizaran para financiar una política de precios predatorios ni que existiera una conducta destinada a expulsar a Unipost del mercado. Asimismo, recuerda que la percepción de ayudas consideradas incompatibles por cuestiones procedimentales no constituye por sí misma un abuso de posición dominante imputable al beneficiario.
El tribunal confirma íntegramente la sentencia de 2024 y rechaza que los descuentos aplicados por Correos constituyeran una práctica de exclusión del mercado.
La resolución también rechaza la tesis de que los descuentos comerciales aplicados por Correos constituyeran una práctica anticompetitiva por el mero hecho de ser ofrecidos a grandes clientes. En este sentido, la Audiencia considera que Unipost no aportó pruebas suficientes que demostraran un efecto de exclusión sobre un competidor igualmente eficiente ni un sacrificio económico deliberado por parte del operador público.
La reclamación superaba los 300 millones
La administración concursal de Unipost sostenía que la política comercial de Correos había provocado la pérdida de valor de la empresa, su posterior concurso de acreedores y su liquidación. La reclamación incluía la valoración del negocio perdido, los daños derivados del proceso concursal y otras cantidades relacionadas con el acceso a la red postal.
La resolución descarta que las ayudas estatales recibidas por Correos financiaran una estrategia de precios predatorios y mantiene sin indemnización la reclamación de más de 300 millones de euros.
El juzgado ya había reconocido en 2024 que Correos mantenía una posición dominante en el mercado minorista postal, con cuotas superiores al 80%, pero concluyó que ello no era suficiente para acreditar un abuso, al no demostrarse una conducta anticompetitiva prohibida por la legislación de defensa de la competencia. La Audiencia Provincial respalda ahora plenamente esa interpretación.
