El Consejo de Ministros de esta semana ha autorizado la celebración del contrato centralizado para la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel para los Ministerios, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y Organismos del sector público estatal.
El presupuesto de licitación del contrato, en función de los envíos estimados para el periodo de 24 meses es de 372.681.383,66 euros.
Continuidad de los servicios
El plazo de vigencia del nuevo contrato de notificaciones será de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de diciembre de 2026, al finalizar el actual.
Con ello, el Gobierno estima que este nuevo contrato centralizado de notificaciones dará continuidad al suscrito en 2023, y que se encuentra actualmente en vigor hasta el próximo 30 de noviembre.
Dentro de los servicios postales, los servicios de notificaciones administrativas y judiciales incluyen aquellos envíos que se utilizan para comunicar actos o resoluciones administrativas y judiciales .
Las Administraciones tienen establecido normativamente para estas comunicaciones un procedimiento tasado, con requisitos específicos para los intentos de entrega, que deben gozar de garantía de veracidad y fehaciencia.
El ámbito subjetivo del contrato incluye aquellas entidades del Estado que requieren estos servicios para su gestión ordinaria, como Ministerios, Organismos, Agencias, Servicios comunes y Entidades gestoras de la Seguridad Social.
