El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno para remitir el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgenciay con la vista puesta en que se apruebe este 2024.
Concretamente, el Gobierno ha aprobado el mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó como Proyecto de Ley al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones de generales.
A juicio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, esta futura ley permitirá disponer de las herramientas para continuar el proceso de descarbonización y digitalizacióndel sistema de transportes, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.
Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendasque puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios para dar respuesta a los retos que han surgido en los últimos meses en un sector tan dinámico como el del transporte.
Cuatro pilares
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las nuevas necesidades de movilidad y transporte, especialmente en aspectos clave como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
De manera particular, la norma propone cuatro pilares para el nuevo marco regulatorio del transporte y la movilidad. El primero de ellos es que, por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar.
En segundo lugar, la norma se propone avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Así mismo, se propone un sistema digital e innovadorcon la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad en el que empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos.
Por último, la Ley incluirá herramientas paramejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública.
