Desde el mes de enero, es obligatorio en la Unión Europea el uso del sistema Catch para el control de la importación de productos pesqueros, en virtud del Reglamento (CE) nº 1005/2008 contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Utilizado para la gestión de todos los procedimientos relacionados con los certificados de captura que deben acompañar a los productos que entran en la UE y el intercambio de información sobre las operaciones de comercio internacional en el sector, se integra dentro de la plataforma Traces.
Su implantación, según las autoridades, permitirá reforzar la trazabilidad de los productos pesqueros, mejorar el intercambio de información entre autoridades competentes y avanzar hacia una aplicación más homogénea de los controles en todos los Estados miembros, contribuyendo a garantizar unas condiciones equitativas para todos los operadores que acceden al mercado europeo.
Sin embargo, su llegada al ámbito normativo español no estuvo exenta de polémica, pues su aplicación generó graves dificultades, al producirse retrasos generalizados en puertos y aeropuertos, con la consiguiente inmovilización de mercancías, muchas altamente perecederas. Estas demoras tuvieron un impacto económico directo sobre importadores, operadores logísticos y representantes aduaneros, además de comprometer la eficiencia de la cadena de suministro.
El sistema aspira a reforzar la trazabilidad de los productos pesqueros y mejorar el intercambio de información entre autoridades.
Según denunció entonces el Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros, la carga administrativa resultaba "excesiva y desproporcionada", con duplicidades documentales, reiteración de información ya disponible para la Administración y falta de interoperabilidad efectiva entre sistemas, obligando a introducir a mano ciertos datos.
Asimismo, los agentes aduaneros denunciaban que los funcionarios encargados de aplicar la normativa se enfrentaban a un volumen de trabajo creciente sin herramientas plenamente operativas ni bases de datos actualizadas, lo que aumentaba el riesgo de retrasos, errores administrativos y disfunciones.
A ello se añadía la inviabilidad práctica para la certificación de capturas de una enorme cantidad de buques y las dificultades para gestionar las embarcaciones artesanales o no registradas internacionalmente".
Por ello, solicitaron una revisión urgente de la aplicación del Reglamento. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sostienen que se trata de un sistema desarrollado e impuesto por la Comisión Europea, por lo que no hay margen de modificación a nivel nacional. No obstante, desde España han trasladado desde el inicio las incidencias detectadas a los servicios competentes de la Comisión.
Si bien pasadas las primeras semanas la situación operativa se estabilizó parcialmente, desde el Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros seguían manteniendo que el sistema presentaba deficiencias que requerían una revisión urgente, especialmente en lo relativo a la integración de terceros países y la simplificación de los certificados complejos.
Finalmente, en febrero la Secretaría General de Pesca aceptaba flexibilizar los trámites implantados por el sistema Catch. La decisión adoptada, de carácter temporal, supuso un avance significativo para los operadores, al reducirse considerablemente la carga administrativa.
Además, este anuncio simplificaría el volcado de datos de los certificados de captura, limitando el número de registros individuales requeridos y facilitando la agrupación de la información restante.
El sector reclama más mejoras
No obstante, tras unos meses de uso del sistema, en junio se ha remitido al Ministerio un informe del Consejo en el que se plantean diversas propuestas para mejorar su aplicación y reducir el impacto sobre las empresas y profesionales que intervienen en la importación de productos pesqueros.
En el documento se hace hincapié en que todavía persisten importantes dificultades técnicas y operativas, como la lentitud de la plataforma, los bloqueos del sistema, la introducción repetitiva de información ya disponible en bases de datos internacionales, la escasa integración de los países exportadores y la falta de mecanismos ágiles para corregir errores o subsanar incidencias.
Los agentes aduaneros han remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un informe con propuestas para mejorar el sistema y reducir su impacto”.
A ello se suman importantes diferencias en los plazos de validación de los certificados de captura entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, desde el Consejo reclaman introducir las modificaciones correspondientes para reducir los retrasos, costes y cargas administrativas.
Tras las reuniones mantenidas durante los últimos meses con responsables del Ministerio de Agricultura y después de haber logrado algunos avances parciales en la simplificación de determinados procedimientos, el Consejo considera necesario seguir incorporando mejoras que permitan resolver problemas que continúan afectando gravemente a la actividad diaria de los operadores.
También en junio, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, avanzó cuáles eran las nuevas iniciativas que España trasladaría a la Comisión Europea para mejorar el funcionamiento. El objetivo es una mayor automatización de los procesos, el refuerzo de la participación de terceros países, la mejora de los mecanismos de asistencia técnica y el desarrollo de orientaciones para una aplicación uniforme en toda la Unión Europea.