Tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado viernes de adelantar el proceso de liberalización ferroviaria de pasajeros, la ministra de Fomento, Ana Pastor, se reúne este lunes con los sindicatos con representación en Renfe, Adif y Feve -CCOO, UGT, Semaf, Sindicato Ferroviario, Sindicato de Circulación y CGT- para dar a conocer los pormenores del proceso.
Así, Fomento expondrá a los representantes sindicales que esta medida busca mejorar la eficiencia del transporte ferroviario para que incremente el negocio y asegurar la viabilidad futura de Renfe Operadora. Asimismo, desde el ministerio se invitará a los sindicatos a participar en el proceso mediante la constitución de mesas de trabajo conjuntas. En este sentido, Pastor aseguró la pasada semana que iba a mantener un "diálogo social permanente" con el sector.
Sin embargo, los sindicatos se adelantaron el mismo viernes a rechazar "esta nueva medida del Gobierno que consideramos que va en una dirección inútil y nefasta, como se demuestra por lo ocurrido en otros ferrocarriles que hace años optaron por decisiones de este tipo y tuvieron que rectificar ante el caos originado, como ocurrió con los ferrocarriles británicos o argentinos, que finalmente tuvieron que volver a ser nacionalizados".
Fracaso liberalizador en otros países
Para los sindicatos, la experiencia demuestra que la liberalización o privatización del transporte ferroviario "no sólo no ha abaratado costes a la ciudadanía, sino que ha supuesto el aumento del precio de los billetes, la supresión de líneas, el empeoramiento de la calidad en el servicio y la disminución de la seguridad, además de recortes en el empleo y las condiciones laborales del personal ferroviario".
Asimismo, consideran que mientras otros Gobiernos europeos han apostado por el fortalecimiento de sus ferrocarriles públicos, incluso con inversiones en el extranjero, como la SNCF (Francia) o la DB (Alemania), "en España se pretende su desmantelamiento para convertir el ferrocarril, en un negocio privado a costa de los derechos básicos de la ciudadanía, del empleo y de los derechos sociales y laborales".
Por todo ello, desde los sindicatos representativos de Adif, Feve y Renfe-Operadora se oponen a este tipo de medidas y entienden que los motivos por los que convocaron la huelga del 3 de agosto se mantienen y se han acrecentado. "Por lo que además de la huelga del 3 de agosto seguiremos convocando las acciones necesarias en defensa de nuestros derechos, del ferrocarril público y del empleo", amenazan.