Desde Puertos del Estado, se muestran dispuestos a incluir los criterios defendidos por la patronal en los pliegos del servicio de manipulación de mercancía.
Tras la entrada en vigor el día 24 de marzo del Reglamento Europeo de servicios portuarios en el que se ratifica la excepcionalidad de la intervención pública en la fijación de precios, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras ha recordado que la intervención de la Administración debe estar justificada.
Además, debería ser proporcional al interés general que supuestamente se pretende proteger. Por este motivo, el secretario general de Anesco, Pedro García, que se ha reunido con representantes de Puertos del Estado para analizar la aplicación del actual sistema de tarifas máximas a los prestadores de servicios portuarios, ha defendido su eliminación como norma general.
Su intención es encontrar junto a los poderes públicos una solución que garantice a las empresas la libre fijación de precios en el desarrollo de su actividad, respetando de esta manera el principio constitucional y europeo de libertad de empresa.
Por otro lado, durante la reunión García ha agradecido al organismo portuario su disposición para incluir los criterios defendidos por la patronal en los pliegos reguladores del servicio de manipulación de mercancía.