Autorizado el ERE para toda la plantilla de Unipost

El operador acumula ya tres millones de euros en cartas que ha sido incapaz de entregar y que guarda en sus almacenes desde hace casi un año

22/01/2018 a las 21:19 h

CGT convoca huelga en Unipost CGT recurrirá a todas las vías, tanto en el ámbito jurídico como en el de la movilización social y sindical, para impugnar la decisión judicial.

Tras otorgar un plazo de 40 días a la empresa postal para encontrar un comprador, el juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona ha autorizado el Expediente de Regulación de Empleo, ERE, presentado por Unipost en el mes de octubre de 2017. De este modo, el tribunal ha admitido el despido por fases de los 2.200 empleados, dando validez a la primera etapa de este plan.

Desde CGT, consideran que se trata de "un acto de flagrante injusticia", considerando que las decisiones de la empresa de la familia Raventós vulneran los "derechos inexcusables de miles de trabajadores" tanto de la propia plantilla como de las compañías asociadas.

En el sindicato, aseguran que recurrirán a todas las vías, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de la movilización social y sindical, para impugnar esta decisión judicial. También reclaman que la posible venta del operador se realice bajo la condición de que el comprador presente un plan de viabilidad para dar continuidad al servicio y garantizar la subrogación de los trabajadores.

Desde la organización sindical han manifestado su conformidad con que se proceda a la fase de liquidación del grupo, pero no admiten que el Juzgado haya validado el ERE sin haber tenido en cuenta sus alegaciones.

En este sentido, lamentan que dadas las circunstancias, el posible comprador no tenga la obligación de mantener los puestos de trabajo, por lo que "únicamente se beneficiaría la empresa compradora y los actuales propietarios".

Cartas sin entregar en los almacenes

Mientras, a Unipost se le acumulan los problemas. Con unas deudas que rondan los 50 millones de euros, acumula ya tres millones de euros en cartas que ha sido incapaz de entregar y que guarda en sus almacenes desde hace casi un año, como explican en el diario Economía Digital.

La administración concursal está analizando las distintas soluciones de la mano de los clientes afectados, entre los que se encuentran desde compañías telefónicas al propio Estado. La retención fue denunciada a la Guardia Civil en el verano de 2017, aunque se desconoce si se ha iniciado alguna investigación al respecto.

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