Almacén de Centro Logístico Avanzado

El 35% de los encuestados afirma que los retrasos e impagos pueden obligarses a efectuar despidos.

Los retrasos y las condiciones de pago a muy largo plazo son uno de los principales riesgos a los que debe hacer frente cualquier operador, cuyas consecuencias repercuten en la economía de un país.

El sector del transporte y almacenamiento es uno de los más afectados por esta problemática en Europa, ya que el 46% de las empresas se ven obligadas a aceptar plazos de pago superiores a los acordados.

Así lo afirma el Informe de Pagos por Sectores 2016 elaborado por Intrum Justitia, especializada en gestión del crédito en Europa, que concluye que la morosidad representa una amenaza real para la supervivencia de las empresas, ya que el 43% de las consultadas evalúa este hecho de medio a muy grave.

Del mismo modo, un 55% sitúa en este nivel de gravedad el coste adicional de los intereses. La pérdida de beneficios y la restricción de liquidez, señaladas por el 49% de las compañías, son otras consecuencias comunes.

Asimismo, el 46% de las organizaciones asegura que cobrar a tiempo les permitiría contratar nuevo talento. Es más, el 35% de las encuestadas apunta que los retrasos e impagos pueden obligarles a efectuar despidos.

En lo que respecta a los costes generados por los retrasos en los pagos, suponen una media del 3,2% de pérdidas para las empresas de transporte y almacenamiento, frente al 2,7% de otros sectores. Además, el 91% considera que la evolución del riesgo de impago en su sociedad aumentará o permanecerá estable en los próximos 12 meses.

Entre las principales causas que se barajan para justificar estos retrasos, el 73% destaca las dificultades financieras de los deudores, mientras que el 67% hace referencia al impago intencional y el 48% a los problemas administrativos.

Normativa sobre la lucha contra el retraso en las transacciones comerciales

Conviene señalar la influencia que esta situación está teniendo en la economía europea. La Unión Europea adoptó en febrero de 2011 la Directiva 2011/7 /UE sobre la lucha contra el retraso en las transacciones comerciales para proteger a las empresas, especialmente a las pymes, pero el 76% de las compañías del sector no conoce su existencia.

Así, Intrum considera que sería necesaria una revisión exhaustiva de esta normativa, con el objetivo de favorecer la circulación del crédito y beneficiar el desarrollo de una economía sana y estable a nivel europeo.

Además, aplaude la reciente decisión de la Unión Europea de poner en marcha un proceso de verificación de las medidas impulsadas por los Estados Miembros para abordar el problema de la demora en los pagos.