La Junta de Castilla y León ha asignado 19,9 millones de euros hasta la fecha de un fondo total de 33,9 millones destinados a las dos convocatorias de ayudas dirigidas a empresas privadas del sector del transporte, centradas en la renovación de flotas y la digitalización.
En la primera convocatoria, financiada por los Fondos Europeos Next Generation, se contempla un presupuesto total de 28,6 millones de euros, de los cuales ya se han otorgado 19,6 millones.
En este sentido, las empresas privadas de transporte por carretera y transporte privado complementario todavía pueden beneficiarse de estas subvenciones. La fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de abril de 2024, excepto para las ayudas destinadas a infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que finalizan el 31 de diciembre.
La distribución de presupuesto se enfoca en cinco líneas diferentes, como son el achatarramiento de vehículos, la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono, el ‘retrofit’ o modificación del sistema de propulsión de los vehículos, la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y la adquisición de semirremolques para autopistas férreas.
En la segunda convocatoria, financiada con Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se busca mejorar la eficiencia del transporte mediante la digitalización, sostenibilidad y la introducción de nuevas tecnologías.
Las subvenciones, que ya han concedido cerca de 330.000 euros, se centran en la modernización de empresas y operadores de transporte, así como en la interoperabilidad de sistemas y procesos en el transporte de mercancías.
Las actuaciones subvencionables incluyen la implementación de sistemas de tacógrafo inteligente de segunda generación, sistemas TMS/ERP, ayudas a servicios de transporte de viajeros, aplicaciones para reclamaciones electrónicas y mejoras en sistemas de ticketing.
Las solicitudes, abiertas hasta el 30 de junio de 2024, deben presentarse de forma telemática en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, siendo los beneficiarios personas físicas o jurídicas privadas con residencia fiscal en la región y titulares de autorizaciones específicas de transporte.
