La naviera podría crearse como una sociedad de titularidad pública o como una sociedad mixta.
La Consejería de Fomento del Gobierno de Ceuta ha presentado el primer informe técnico sobre las intenciones del Ejecutivo autonómico de constituir una naviera con capital social total o parcialmente público, a fin de participar como operadora en la línea marítima que une la ciudad autónoma con Algeciras para intentar rebajar los precios de la conexión.
El dictamen concluye que la complejidad de la operación aconseja 'volver a analizar' otras alternativas, como tratar de reducir las barreras a la entrada que subsistan, incrementar la presión competitiva o revisar las obligaciones de servicio público, pero no descarta por inviable la iniciativa gubernamental.
Según el informe, nada impide que un nuevo operador intervenga en el mercado reuniendo los requisitos técnicos y económicos que ello requiere, pero la Ciudad solo podría hacerlo como servicio público o como una iniciativa de actividad económica. Para esta opción se exploran dos vías: la creación de una sociedad de titularidad pública, de gestión directa, o la creación de una sociedad mixta, de gestión indirecta.
En el primer caso, los técnicos advierten que, una vez analizada la competencia municipal en materia de turismo, por ser esta actividad una de las perjudicadas con la actividad anticompetitiva de las naviera, sería muy débil la justificación de una intervención en el mercado.
Tampoco atisban una clara cobertura en el ámbito de las competencias autonómicas a través de la de fomento del desarrollo económico o la de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
Sobre la segunda opción, el informe recoge que es posible la constitución de empresas públicas para el desempeño de cuantas actividades y servicios reputen las entidades locales convenientes u oportunas, a fin de satisfacer las necesidades de los vecinos.
En este caso, las dificultades residirían en que son varias las limitaciones que se producen para el reconocimiento de la actividad económica. Entre ellas, está el hecho de que ha de tener una utilidad pública, que su participación en el mercado se haga sin privilegios ni ayudas públicas, y que no haya riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, el requerimiento que, aparentemente, resultaría más difícil de salvar.