Lejos de llegar a un entendimiento, las diferencias existentes entre Dima, empresa perteneciente al Grupo Boyacá, y los repartidores de prensa en la Comunidad de Madrid parecen acentuarse aún más a medida que pasan las horas.

Por un lado, Boyacá refiere, en un comunicado público emitido esta misma semana, que los pasados 23 y 24 de julio «los transportistas han impedido de nuevo ejercer su trabajo a las personas que intentaban el reparto, parando las furgonetas, sustrayéndose la carga con amenazas y destruyendo la misma» y, consecuentemente, han solicitado auxilio judicial para poder realizar el servicio de reparto con escolta policial.

Al mismo tiempo, la empresa incide en que estas actuaciones «no se encuentran amparadas bajo el paraguas de ninguna huelga legal ya que se trata de trabajadores autónomos y no de trabajadores por cuenta ajena», algo que, insisten, «ha sido ya aclarado por las propias autoridades laborales a los transportistas».

Versiones contrapuestas

En este sentido, Boyacá desvela que los contratos con los repartidores de prensa en Madrid «contemplan un servicio de reparto de prensa de 15 días al mes, con una duración máxima de cuatro horas por servicio y entrega en aproximadamente 20 puntos. Su retribución aproximada es de 4.500 euros mensuales por dichos 15 días de servicio en rutas de Madrid Capital», condiciones que, a su juicio, «son privilegiadas y fuera de mercado».

Frente a ello, los repartidores afirman que sus sueldos quedarían por debajo de los 1.000 euros mensuales, tras trabajar jornadas nocturnas y festivos, lo que supondría, indican «si no se trabajaran al menos 20 días tener una facturación por debajo del coste de las obligaciones que se exigen como trabajadores autónomos y transportistas”.

Por otro lado, los representantes de los repartidores autónomos que trabajan para Dima se han reunido esta misma semana con representantes del Ayuntamiento de Madrid con vistas a «construir una solución conjunta«, tal y como también pide Fenadismer a Boyacá para que «reconsidere su posición radical y se avenga a mantener una negociación responsable y sensata con la actividad profesional que llevan desarrollando los repartidores de prensa durante los últimos 30 años».

Sin embargo, a la vez, los repartidores también denuncian a través de un comunicado que las negociaciones están rotas y piden a Boyacá que «reconsidere su posición radical» y que paralice la rescisión de los contratos de 130 repartidores.

Así mismo, afirman que, desde el pasado viernes, los repartidores de prensa autónomos de Madrid siguen yendo a trabajar pero la empresa «les cierra el paso y emplea vehículos alternativos para continuar con la producción al margen del conflicto laboral con todos sus trabajadores».

Igualmente, algunos sindicatos tachan a la empresa de «mentirosa y prepotente» y afirman que «la culpa exclusiva de haber llegado a esta situación la tiene Boyacá, a la que tiene que quedarle claro que si quiere solucionar el conflicto, debe abandonar la chulería».

En este escenario, algunas empresas editoras habrían empezado a realizar pequeños repartos por su cuenta, mientras en los quioscos impera el miedo a mostrar la prensa del día.