El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente la XVIII reforma de la Ley de Tráfico de España, una normativa que entrará en vigor un mes después de su publicación en el BOE y que sube a 1.000 euros la multa por doblar la tasa de alcohol y drogas en la conducción, así como a los reincidentes.
Además, el texto abre la puerta a elevar en algunos tramos de autovías y autopistas el límite de velocidad hasta los 130 kilómetros hora, y a petición del Ministerio de Medioambiente, esta normativa permite que se pueda cortar el tráfico en municipios o carreteras por altos niveles de contaminación.
Así la Cámara Baja ha refrendado las ocho enmiendas procedentes del Senado, que incluyen ampliar de 15 a 20 días el periodo voluntario para pagar multas o realizar alegaciones, eso sí, si se accede a esta fórmula no se podrán recurrir las sanciones, a partir de esta reforma.
Con la futura normativa, habrá un cambio en las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos, alcanzando los 130 kilómetros por hora en algunos tramos de carreteras y autovías, y reduciendo a 10 kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras secundarias.
Tolerancia cero a las drogas
Según ha recalcado la portavoz del PP en la materia, Concha Bravo, con esta ley se fomenta la "tolerancia cero" al consumo de drogas, y por ello se fija una sanción de 1.000 euros por conducir con presencia de drogas ilegales en el organismo, que se detectarán mediante un análisis de saliva, serán excepción las de prescripción médica, como la metadona, por ejemplo.
Por conducir bajo los efectos del alcohol la multa será de 500 euros, y si se duplica la tasa permitida o se es reincidente ésta ascenderá a 1.000 euros.
Además, se amplía de 15 a 20 días el periodo para pagar las multas con descuento. Eso sí, si se opta por el pago adelantado no se podrán recurrir las sanciones.
Otros cambios
Por otro lado, el texto también prohíbe los detectores de radar (no los avisadores, que continuarán siendo legales), que serán multados con la pérdida de tres puntos del carné de conducir y una sanción económica de 200 euros.
Igualmente, se crea la Conferencia Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que reunirá a las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias de tráfico con el Gobierno, donde por primera vez participarán las asociaciones de víctimas.
Además, se acordó que los vehículos prioritarios usarán una señal luminosa azul, y se establece también que deberán ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos con matrícula extranjera que se utilizan en España por residentes del país, ya que no figuran en el Registro de Vehículos actualmente.
Por último, se incorpora una nueva disposición adicional para incorporar una directiva europea por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.