Aunque su aprobación se esperaba para la semana pasada, el último Consejo de Ministros ha dado vía libre finalmente al nuevo plan de prestación del servicio postal universal.
Con este instrumento, el Ejecutivo busca asegurar la estabilidad de la financiación de un servicio que considera importante para la vertebración del territorio y para zonas rurales.
Entre otros extremos, el plan contempla las condiciones en que Correos debe prestar el servicio, incluyendo la extensión mínima de la red postal, las condiciones de recogida y entrega de los servicios postales y las obligaciones de información y tratamiento de las consultas, quejas y reclamaciones, así como su sistema de control y seguimiento.
De igual modo, el documento también aborda el procedimiento para la evaluación del costedel servicio con una nueva metodología basada en las directrices de la directiva postal europea y los criterios para determinar la contribución del Estado a su financiación.
Coste neto del servicio
A este respecto, el Gobierno calcula que el coste neto estimado del servicio postal universal entre 2011 y 2020 supone un total de 1.282,6 millones de euros, período en el que Correos ya ha recibido con carácter provisional y a cuenta un 1.278,7 millones de euros, prácticamente el importe estimado para todo el período.
El Ejecutivo considera que el nuevo plan de prestación del servicio postal universal consolida el nivel de calidad y las condiciones de prestación del servicio postal universal, al tiempo que permite a Correos una mayor flexibilidad de gestión, lo que facilitará sus actividades tanto en el aspecto operativo como en el comercial.
De igual manera, se estima que también asegura un mejor seguimiento y controlde las condiciones de prestación del servicio postal por Competencia y que establece un sistema de cálculo del coste neto más objetivo, fiable y coherente que asegura la sostenibilidad financiera del operador postal público.
Así mismo, la aprobación del Plan permitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinar la carga financiera soportada por Correos y regularizar las aportaciones financieras realizadas por el Estado para asegurar la prestación del servicio postal universal.
