El plan de prestación del Servicio Postal Universal espera su aprobación

El Consejo de Estado pide cambios en el plan de prestación del servicio postal universal que está pendiente de su aprobación por el Gobierno en un próximo Consejo de Ministros.

26/05/2021 a las 21:59 h

El Consejo de Estado ha emitido un informe crítico con el plan de prestación del servicio postal universalprevisto para Correos, que los sindicatos del operador consideran que tiene en cuenta parte de sus alegaciones.

En este sentido, el informe emitido por el órgano consultivo, en opinión de Comisiones Obreras y UGT, reconoce la necesidad de aumentar la financiación del servicio postal universal pactada con Bruselas, lo que, a juicio de ambos sindicatos, obligaría a un replanteamiento por parte de Sepi y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En opinión de la institución, el servicio postal universal es un instrumento para la vertebración del Estado, con especial incidencia en la España rural.

Según informa Comisiones Obreras, en su análisis el Consejo de Estado indica que “resulta inadecuado objetar los empleados, invocando rigideces o insuficiencias de la demanda, si con ello se debilita o reduce el contenido de las prestaciones a llevar a cabo por el operador designado y se obstaculiza el alcance de unos objetivos superiores que transciende lo meramente económico”.

Por este motivo, las centrales sindicales consideran que el Consejo de Estado critica el planteamiento del operador postal público que, en su opinión, pretende "anteponer el recorte de la red postal (que incluye plantilla, oficinas, buzones y centros de trabajo) a la razón mayor de vertebración territorial y social y prestación de servicio público que, por Ley, tiene encomendada Correos".

De igual manera, según los representantes de la plantilla de Correos, el informe se opone a recortar la frecuencia de los cinco días de distribución, algo que, como indica, “resulta desmesurado al permitir los cambios de frecuencia en la distribución y entrega cuando la población sea inferior al número de viviendas existentes en dicho entorno y demanda”, por lo que pediría “ceñirla a los casos en que la citada población sea notable o sensiblemente inferior al número de viviendas”.

 

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