El Estado asumirá las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a la deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.
El Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, independientemente de que se alcance o no un acuerdo con los bancos acreedores, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según aseguró el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna.
Según ha indicado el ministro este pasado lunes, "las autopistas revertirán al Estado que decidirá cómo gestionarlas". De la Serna garantizó que el principal objetivo de la Administración será que las infraestructuras "sigan operativas y los ciudadanos puedan utilizarlas".
Plan de rescate
El ministro pretende retomar el plan de rescate que el anterior equipo de Fomento planteó en marzo de 2014 y que no fructificó.
La propuesta pasa por que el Estado, a través del Ministerio de Fomento, asuma las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a la deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.
El titular de Fomento reconoce así que su Departamento acabará quedándose con las autopistas. De hecho, en el caso de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el Ministerio debe asumirlas antes de julio de 2017, según el acuerdo que alcanzó con el juez que el pasado mes de mayo.
No obstante, en la actualidad, los jueces han abierto una moratoria de seis meses antes de abordar nuevos procesos de liquidación en otras vías, con el fin de dar margen a la negociación. También pretende facilitar tiempo para que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos que Fomento elevó contra los primeros autos de liquidación.
El resto de autopistas que están quebradas son las otras dos radiales, la R-2 y la R-4, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda, y la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas. Estas dos últimas ya están también en liquidación.
Responsabilidad Patrimonial
La reversión de las vías al Estado activará la denominada Responsabilidad Patrimonial (RPA), el importe que se deberá abonar a las concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción, un concepto que, según el sector, puede suponer unos 5.000 millones de euros a las arcas públicas, aunque, la fijación de este importe y su desembolso podría llevar años.
Los sobrecostes de la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas y el desplome de los tráficos durante la crisis constituyen las principales causas de su quiebra.