El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un Real Decreto centrado en la protección del medio ambiente marino de los efectos negativos de las descargas de desechos realizadas por los buques que utilizan los puertos españoles, que transpone al ordenamiento jurídico interno español una Directiva comunitaria de 2019.
La norma ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor este jueves 18 de febrero.
En este sentido, la norma también pretende, según el criterio del Ejecutivo, garantizar el buen funcionamiento del tráfico marítimo mediante la mejor de la disponibilidad y la utilización de instalaciones portuarias receptoras adecuadas y la entrega de desechos, ya que obliga a todos los desechos de buques, a todo tipo de buques y a todos los puertos españoles, sean estos dependientes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas.
Una de las principales novedades de la norma es que se aplicará también a buques pesqueros y a embarcaciones deportivas o de recreo que hagan escala en puertos españoles.
Además, la norma afecta a todos los puertos, sin perjuicio de excluir de ciertas obligaciones a los puertos pequeños no comerciales, aunque se excluye también la aplicación a los desechos pescados de manera no intencionada por los buques pesqueros, distintos de capturas no intencionadas, facilitando su entrega sin coste en instalaciones de recepción de desechos.
Finalmente, así se regulan también los sistemas de recuperación de costes y tarifas, con un enfoque dirigido a evitar desincentivar la entrega de desechos por cuestiones relacionadas con estas.
