El Consejo de Ministros en funciones ha aprobado la autorización para llevar a cabo un contrato centralizado destinado a la prestación de servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel.
Este contrato será válido para los ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como para organismos del sector público estatal.
La decisión se tomó en el último Consejo de Ministros antes del periodo estival y ha significado el primer encuentro del Ejecutivo en funciones después de las elecciones del 23 de julio.
El alcance de estos servicios postales abarca comunicaciones de actos o resoluciones administrativas y judiciales, que están sujetas a procedimientos normativos específicos para los intentos de entrega, asegurando la veracidad y fehaciencia de las mismas.
El contrato se aplicará a las entidades del Sector Público Estatal que necesiten estos servicios en su gestión ordinaria, incluyendo ministerios, organismos, agencias, servicios comunes y entidades gestoras de la Seguridad Social.
El presupuesto de licitación del contrato, que abarca un periodo de 36 meses y considera los envíos estimados, asciende a 445.179.053,52 euros, incluido el IVA.
Este contrato de notificaciones centralizado es una continuación del suscrito en 2020, el cual seguirá en vigor hasta el 30 de noviembre de 2023.
Dentro del mismo Consejo de Ministros se ha autorizado asimismo un incremento del endeudamiento y la modificación de los presupuestos de explotación y de capital de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos correspondientes al ejercicio 2023.
En el ejercicio de 2022, Correos registró unas pérdidas de 217,2 millones de euros, lo que supone más que duplicar los números rojos de 105,6 millones que sufrió en el ejercicio anterior.
