de-la-serna-gomez-pomar

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, antes de la última reunión con patronal y sindicatos.

Durante los siete días que han transcurrido desde la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto Ley que modifica la estiba española, aprobado el 24 de febrero, los principales grupos parlamentarios se han posicionado al respecto antes de sea sometido a debate en el Congreso de los Diputados el próximo 9 de marzo.

El Gobierno ya contaba con la negativa del Psoe y del Grupo Parlamentario Unidos Podemos cuando aprobó la reforma, oposición que ha sido ratificada por varios de sus representantes en esta semana.

El portavoz de Economía del Psoe en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, afirmó el miércoles que su partido votará en contra de la reforma «si no hay acuerdo entre las partes», en referencia a las negociaciones que mantienen empresas y estibadores, el otro frente donde se decide el futuro de la estiba.

Del mismo modo, tras reunirse con los sindicatos CCOO y UGT este jueves en el Congreso, desde Unidos Podemos han reiterado que votarán en contra el día 9 de marzo y urgen a Fomento a presentar un nuevo decreto consensuado con todas las partes.

Teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene 134 diputados en el Congreso, que la reforma sería efectiva con mayoría simple (176 diputados si no hay abstenciones), y que los dos principales grupos de la oposición suman 151 diputados, los partidos que no se habían aún posicionado claramente, Ciudadanos y PNV, se convertían en la principal esperanza de Fomento, que no necesita mayoría absoluta, sino sumar más votos a favor que en contra.

El «no» de Ciudadanos

Sin embargo, el presidente de Ciudadanos (32 diputados), Albert Rivera, ha señalado este jueves en el Congreso que no apoyará el «decretazo» de la estiba, apelando a la creación de una Mesa formada por los partidos políticos de la oposición, el Gobierno, las empresas y los sindicatos.

En opinión de Rivera, se trata de «un Real Decreto no consensuado» para una reforma que «tenía que haberse emprendido hace dos años y medio» y que el Ejecutivo pretende hacer ahora «tarde, mal y por decretazo». 

Rivera no ha señalado cuál será el voto del partido el día 9, ya que lo que se proponen es evitar que esta iniciativa llegue a la Cámara. «Intentaremos que venga pactado y reformado o que no venga», ha puntualizado Rivera.

Además, desde uno de los pocos partidos políticos en los que el posicionamiento no se ha hecho oficial, el PNV (cinco diputados), han mostrado reticencias al texto, principalmente, a que los puertos asuman los pasivos de los despidos de los trabajadores.

La posición contraria a una reforma «no consensuada», términos en los que coinciden los grupos políticos de la oposición, suma ya 183 diputados: Psoe (84), Podemos (67) y Ciudadanos (32), con lo que el debate del 9 de marzo se presenta duro para las posiciones del Gobierno.

Posible retraso del debate

Por eso, el Gobierno no descarta demorar la convalidación en el Pleno del Congreso de la Ley de reforma del sector de la estiba, cuya votación está inicialmente prevista para el próximo 9 de marzo y para la que tiene de plazo hasta el 23 de marzo.

Habrá que esperar a la reunión de la Junta de Portavoces del martes 7, en la que se fijará el orden definitivo del Pleno.