En el Consejo de Ministros de esta viernes 24 de abril, se han fijado las obligaciones de servicio público de Correos en las elecciones autonómicas y locales del 24 de mayo para facilitar el voto por correo, remitir las tarjetas del censo, propaganda electoral, etc.
En esta ocasión, además, el Ministerio del Interior podrá adoptar las "medidas oportunas" para que la empresa pública cumpla sus obligaciones en la campaña electoral ante una "circunstancia excepcional como puede ser una huelga general".
Esta nueva disposición coincide con el periodo de movilizaciones y jornadas de huelga convocadas en abril y en mayo por el 80% de la representación sindical de Correos. Por ello, desde CCOO, sindicato mayoritario en la empresa pública, se ha tachado de "provocación" estas declaraciones del Ministerio de Fomento.
Los días 30 de abril, 13 de mayo en Madrid y 14 en el resto de España, y el 21 de mayo habrá paros parciales, que será previos a la huelga general de los días 4 de mayo, 14 de mayo en Madrid, y 15 en el resto de España, y 22 en el resto del Estado.
"Provocación y amenaza velada al Gobierno"
Además de provocación, el sindicato ha estimado que se trata de una "amenaza velada" y de un "intento de amedrentar a los trabajadores de Correos". De este modo, CCOO ha enfatizado que el derecho a la huelga, la garantía de los ciudadanos para ejercer su derecho a votar y el cumplimiento de las obligaciones de Correos en la campaña electoral "son plenamente compatibles y conciliables en el marco de la legalidad".
Asimismo, ha señalado que acometerá cualquier acción judicial ante el intento de quebrantar el derecho constitucional de huelga.
CCOO ha acusado al Gobierno y a los directivos de Correos de "ineficacia" en la gestión de la negociación de la regulación laboral tras más de año y medio de bloqueo "sin haber puesto una sola propuesta en la mesa".
Por último, el sindicato ha advertido de que "no van a acallar ni silenciar" la respuesta laboral cuya salida pasa por frenar el recorte de empleo y asegurar una regulación laboral que reconozca el esfuerzo realizado por los trabajadores en materia salarial, de empleo y derechos.