El puerto de Gijón cambia de director un mes y medio después del anterior nombramiento.
El reciente nombramiento del nuevo director del puerto de Gijón, José Luis Barettino, no ha gustado en Puertos del Estado.
A pesar de que desde el organismo público han rehusado hacer comentarios al respecto al ser preguntados por este medio, el hecho de que los cuatro representantes de las administraciones en el Consejo de Administración del puerto de Gijón, votaran en contra del nombramiento de Barettino el pasado viernes 20 de noviembre, es una muestra de que no contaba con el apoyo de Puertos del Estado.
En la misma reunión del Consejo se aceptó, como paso previo al nombramiento de Barettino, la renuncia al cargo de director presentada por Gonzalo Mallo, que lo hacía "por motivos personales" después de haber ocupado este puesto durante menos de un mes y medio.
Además, el representante de la Abogacía del Estado en el Consejo planteó incluso suspender la reunión, ya que los integrantes del mismo deberían haber sido informados con mayor antelación, según su criterio, puesto que se comunicó con menos de 24 horas antes de la reunión, del cambio en el orden del día del Consejo, que recogía el nombramiento.
No lo entendió así la Secretaría del Consejo, que defendió que el procedimiento se había llevado a cabo en tiempo y forma, a pesar de que el abogado del Estado advirtió expresamente de la posible nulidad de la convocatoria.
La precipitada e imprevista marcha de la Dirección General de Mallo, anterior gerente de Ebhisa, precede a la incorporación al cargo del que hasta ahora era secretario general y responsable de la Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria.
“Graves irregularidades y fraude”
Ambas decisiones se enmarcan en un contexto en el que planea las consecuencias del informe presentado en mayo de 2014 por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en el que se solicitaba la devolución de los 198 millones de euros con los que el Fondo de Cohesión subvencionó al puerto, para acometer los trabajos de ampliación de El Musel.
La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que hay que sumar otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.
Tras analizar las irregularidades cometidas en la adjudicación de trabajos durante las obras, los investigadores europeos recomendaban la revocación de las cantidades subvencionables, lo que obligaría al puerto a devolver los 198 millones de euros ya pagados por el Fondo de Cohesión.
Con la pelota en el tejado, no cabe ahora sino esperar el devenir de los acontecimientos.