servicios de practicaje

Los Estados miembros de la UE pueden excluir los servicios de practicaje del libre mercado.

Desde la asociación europea de navieros ECSA han venido siguiendo muy de cerca los acontecimientos en torno al tercer intento de la Comisión Europea, que en el seno de la misma se han venido desarrollando durante los últimos meses, para liberalizar el acceso al mercado de los servicios portuarios, así como para aumentar la transparencia financiera de los puertos.

Las propuestas que la Comisión desarrolló en un principio experimentaron importantes modificaciones el pasado 8 de octubre, cuando el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea, estableció una orientación general sobre las nuevas reglas a aplicar en esta materia.

Así, estas nuevas pautas «flexibilizan», defienden desde la UE, el primer borrador presentado en un principio. Sin embargo, los navieros europeos consideran que el texto aprobado refleja la «falta de ambición de los Estados miembros con respecto a sus puertos», por lo que han hecho un llamamiento a los países europeos para que «no vacíen de todo fundamento las propuestas principales», como en su opinión, hace el nuevo Reglamento.

Limitados los pilares básicos de la propuesta

El hecho de que se haya eliminado la obligación de incluir en el mercado los servicios de manejo de carga y servicios de pasajeros, sumado a la posibilidad ahora planteada de que los Estados puedan excluir del mismo el servicio de practicaje, conlleva en opinión de los navieros una reducción en las garantías de transparencia y supervisión adecuada de las tarifas de este servicio, a pesar de que la UE establezca normas de transparencia financiera para el mismo.

Además, las disposiciones relativas a la consulta de los usuarios del puerto, así como un mecanismo de supervisión para garantizar la correcta aplicación de la normativa de la UE, se han eliminado.

Por todo ello, desde ECSA defienden que los cambios limitan seriamente el alcance del Reglamento, mientras que aumenta la heterogeneidad en el marco jurídico aplicable a los puertos europeos.

La normativa común se pierde

El principal problema radica en que, al no establecerse la normativa común para los puertos europeos, ya que el nuevo reglamento otorga la misma libertad de la que ya disponían anteriormente en materia de gestión de los servicios portuarios, estos seguirán aplicando de distinta manera cuestiones vitales como la transparencia o accesibilidad a un mercado de libre competencia que, en principio, rige la economía de la UE.

Todo ello, en última instancia, supone un perjuicio tanto para las navieras como para los cargadores que transportan sus productos mediante el transporte marítimo.

Por tanto, desde ECSA concluyen que es necesaria una política reguladora común para los puertos europeos, pero pormenorizada en paquetes normativos específicos que abarquen toda la variedad de cuestiones y servicios relativos al transporte marítimo, completándolas con un enfoque más quirúrgico para áreas específicas de política que no están cubiertas adecuadamente por el Reglamento y que necesitan ser reformadas.

Además, este nuevo marco debería también proyectar competencias en materia de supervisión y control de los puertos individuales donde no se aplican adecuadamente las normas de la UE.