La página 114 del Plan de Recuperación dada a conocer esta semana levanta una fuerte polvareda en el transporte, al referirse, dentro del apartado correspondiente a las ‘Infraestructuras sostenibles’ al temido pago por uso.

En concreto, el texto literal dice que «es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras».

No es nada nuevo que no hayan puesto sobre la mesa los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con anterioridad. Tampoco es algo ajeno totalmente a la práctica de otros países de la Unión Europea. Y así las cosas, solo era cuestión de tiempo que llegara a España.

Sin embargo, el texto expresa la voluntad que tiene el Ejecutivo para llevar adelante la implantación de estos peajes, aunque aún está por decidir si afectarán a todos los usuarios de las vías de alta capacidad, o como se temen en el transporte, solo a los vehículos más pesados y que utilizan las infraestructuras de una manera más intensiva.

Por otra parte, el déficit existente en las inversiones en mantenimiento es una realidad clara, así como también lo es la densa red de autovías que tiene España.

En definitiva, este nuevo detalle pone sobre la mesa dos circunstancias que tampoco son nuevas. La primera de ellas es la falta de interlocución efectiva del sector ante la Administración central. La segunda es que el debate en torno al pago por uso ahora sí que se ha abierto, tal y como pretendía el ministro Ábalos, y como también ansiaban las constructoras y concesionarias, que, al contrario que el transporte, sí que hacen una intensa labor de ‘lobby’ en defensa de sus intereses.

De la suma de la primera y de la segunda circunstancias sale apuntado el futuro perdedor en esta ecuación, porque, visto lo visto, leído lo leído, en este Plan de Recuperación parece que no todos ganan.