Río Guadalquivir a su paso por Sevilla

La decisión sobre si se continúa o no con el proyecto tendrá que esperar dos años.

La Autoridad Portuaria de Sevilla se encuentra definiendo las líneas de actuación que se llevarán a cabo durante los próximos años a fin de mejorar la eficiencia logística, modernizar las infraestructuras e impulsar el i+D+i del puerto, con lo que se pretende convertir a la instalación porturiar en una plataforma intermodal competitiva cercana a la sociedad.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha presentado el nuevo Plan Estratégico, enfocado al incremento de la actividad industrial, al desarrollo de soluciones tecnológicas y a la gestión sostenible de los recursos. Entre las medidas que se llevarán a cabo, destaca la adecuación de los muelles o la ampliación de la terminal ferroviaria.

El proyecto de dragado del Guadalquivir es también uno de los puntos de principal interés para la Autoridad Portuaria de Sevilla, pues consideran que la mejora de la accesibilidad al puerto es un objetivo irrenunciable.

Con el dragado del Guadalquivir, se pretende permitir la entrada de barcos de entre 20.000 y 25.000 tn, lo que conllevaría, según el puerto de Sevilla, a un ahorro de entre seis a ocho euros por tonelada en materia de transporte de mercancías.

Desde la Autoridad Portuaria, consideran que la cancelación de la iniciativa supondría pérdidas en la competitividad del puerto, pues el dragado daría lugar a un incremento del transporte marítimo frente al trayecto alternativo por transporte terrestre.

Objeto de polémica

El proyecto, que lleva paralizado desde hace casi un año tras la sentencia del Tribunal Supremo contra su inclusión en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, ha estado rodeado de polémica desde el momento en el que se anunció, contando con un buen número tanto de defensores como de detractores.

Desde las asociaciones ecológicas consideran su realización es incompatible con la conservación del Doñana, mientras que la plataforma ‘Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir’, creada para la defensa del proyecto, han presentado alegaciones en contra de la sentencia del Tribula Supremo, defendiendo las ventajas económicas que el proyecto supondría para la región.

Por su parte, la Comisión Europea ha incoado un procedimiento por infracción contra España, a cuenta del posible impacto del dragado de profundización en el parque natural y nacional de Doñana. Además, recientemente la Comisión Europea ha anunciado que no destinará Fondos Estructurales y de Cohesión para el proyecto “hasta que se haya constatado el cumplimiento de la legislación pertinente de la UE”.

La decisión sobre el futuro del dragado del Guadalquivir tendrá que esperar hasta 2018, fecha en la que terminarán los nuevos estudios sobre las consecuencias medioambientales de la iniciativa. Entonces, será competencia de la Junta de Andalucía y del Gobierno determinar si se continúa o no con el proyecto.