Los problemas del Puesto de Inspección Fronteriza de Vigo no residen tanto en los funcionarios como en las instrucciones que se les dan y en el Protocolo de Control Documental General, que sigue manteniendo la disparidad de criterios entre el puerto gallego y el de Leixoes, en Portugal.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la Mesa de Trabajo del PIF, que ha recibido con «total decepción» la carta remitida desde la Secretaría General de Sanidad y Consumo, que, a su juicio, hace caso omiso a las modificaciones propuestas al protocolo elaborado por Sanidad, a pesar de que había sido concebido como un documento abierto.

De hecho, se han mostrado sorprendidos por «la rapidez» con la que se ha «dado carpetazo al tema«. Por ello, han solicitado una respuesta pormenorizada y técnica, ya que da la impresión de que «se pretende negar la realidad» del desplazamiento de las descargas de pescado congelado.

Igualmente, han tachado de «irrelevantes» las auditorías realizadas en el PIF, una de ellas por la Comisión Europea, asegurando que el resultado de las reuniones coordinadas desde el Ministerio de Sanidad para solventar los problemas existentes ha sido «prácticamente nulo«.

Proyecto de coordinación del PIF

Por otra parte, la Mesa de Trabajo ha presentado un primer borrador del proyecto de coordinación de actividades del Puesto de Inspección Fronterizo, para regular las atribuciones de las administraciones. Se trata de una competencias no desarrollada hasta ahora por la Autoridad Portuaria de Vigo, pero que podría garantizar el correcto funcionamiento del PIF.

A partir de hoy, el borrador estará a disposición de los usuarios y de las administraciones implicadas, que podrán dar su opinión antes de elevarlo a propuesta definitiva para su aprobación en el próximo Consejo de Administración del puerto.

La intención es establecer un Comité de Coordinación, que se reuniría al menos una vez por trimestre y en él que se examinarían los informes remitidos por el jefe del PIF, así como cualquier otro aspecto que se estime oportuno.

Del mismo modo, se crearía un gabinete de quejas y apelación, que sería competente para elaborar los informes técnicos relativos a cualquier reclamación. Por último, la Autoridad Portuaria podría elaborar instrucciones de desarrollo o decisiones puntuales relativas a su cumplimiento e informaría de las incidencias al Consejo de Administración.