La intención del Gobierno es utilizar para el pago los ingresos que obtenga con la adjudicación de las vías a nuevas empresas.
El rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas supondrá un coste de más de 2.000 millones de euros para el Gobierno cuando reviertan al Estado a partir de enero de 2018, tras lo cual volverá a sacarlas a concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
Este importe, correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración ante los concesionarios de las vías, ya está reflejado en el Plan Presupuestario que ha sido enviado a Bruselas para el próximo ejercicio, aunque se trata de una cantidad sustancialmente inferior a los 5.000 millones de euros estimados por el sector.
No obstante, aunque a principios de año, una vez rescindidos todos los contratos de concesión, el Gobierno se vea obligado a atender el correspondiente pago, no tendrá que hacerlo de forma efectiva. En este sentido, el Ministerio de Fomento asume que el importe que finalmente abonará lo determinará un juez, ya que es probable que los concesionarios recurran lo que fije la Administración.
Así, su intención es utilizar para el pago los ingresos que obtenga con la adjudicación a las nuevas empresas que se encarguen de explotar las autopistas, tal y como han señalado desde el Ejecutivo en el informe presentado ante la Unión Europea. Fomento prevé que estas vías generen el año que viene un beneficio neto de 34,3 millones y logren unos ingresos por peajes de 93,4 millones.