Los representantes de los Estados Miembros en el Consejo de la Unión Europea han pactado su posición de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo, en las que pretenden que se modifique la regulación sobre la supervisión de las organizaciones de inspección de buques, para garantizar la seguridad y la continuidad en este sector una vez que Reino Unido abandone la UE.

Bajo las normas actuales, las entidades reconocidas para esta función a nivel comunitario deben ser evaluadas al menos cada dos años por la Comisión Europea. Cada una de ellas está vinculada a un Estado Miembro, que suele ser el primero que ha solicitado su reconocimiento y que participa en los análisis que deban realizarse.

Dos de ellas han sido ‘apadrinadas‘ por Reino Unido, pero tras el Brexit, el país no podrá seguir participando en su evaluación. Por ello, el borrador planteado por el Consejo elimina el requisito de que solamente el país patrocinador deba participar en la supervisión e introduce la posibilidad de que cualquier país comunitario que haya reconocido a una de estas entidades pueda participar.

Esto permitiría a ambas organizaciones seguir llevando a cabo inspecciones, garantizando que no haya fisuras de ningún tipo en los protocolos de seguridad necesarios para la puesta en servicio de los buques. La presidencia del Consejo iniciará las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre este punto tan pronto como el Parlamento defina su posición al respecto.