Puertos del Estado ha reunido en Santander a representantes del sistema portuario español para acordar su estrategia de desarrollo para los próximos diez años. Dicho acuerdo se plasmará en un nuevo Marco Estratégico para mejorar el posicionamiento de los puertos españoles en las redes de transporte y logística del futuro.
Este seminario de análisis del modelo de desarrollo estratégico cierra así un proceso de análisis y debate que comenzó en 2019. En él, se han presentado los resultados de las encuestas realizadas a empresas y sindicatos, el diagnóstico de la situación antes y después del Covid-19, y los aspectos económicos y financieros.
También se ha debatido sobre las necesidades de innovación, digitalización y sostenibilidad de los puertos, sin olvidar la relación con el entorno, las medidas de seguridad y el capital humano.
En dichos bloques temáticos se concentra la propuesta de contenidos básicos del Marco Estratégico, un denso documento con 139 páginas que incluye 16 líneas estratégicas y 56 objetivos generales de gestión.
El encargo del documento recayó en la Dirección de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, que ha contado con la participación activa de las Autoridades Portuarias, así como de los agentes económicos y sociales del ámbito portuario, y de las administraciones relacionadas con el sector.
Modernización del modelo actual
El siguiente paso ha sido analizar el camino a seguir para modernizar un modelo de gobernanza que lleva en marcha más de dos décadas, y que necesariamente debe evolucionar para adaptarse a una logística mundial muy dinámica y cambiante.
El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ha explicado que “el documento que salga de Santander hará que los puertos españoles estén mejor preparados para los importantes cambios que se avecinan en los sectores del transporte y la logística".
El objetivo es poder afrontar los nuevos retos en relación con la competitividad, la seguridad, la innovación y la sostenibilidad a escala global. La modernización de los puertos es a la vez un reto y una oportunidad de futuro para las administraciones públicas y las instituciones, que deberían dotarles de las mejores infraestructuras para ampliar su capacidad productiva.