El transporte de mercancías por carretera de la provincia de Barcelona se ha mostrado unánimemente en contra de que la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona creada a finales de 2019 prohiba desde el próximo 1 de abril la circulación dentro del ámbito de las rondas de Barcelona a las furgonetas, camiones y autobuses que no dispongan de etiqueta de la DGT.

Las organizaciones empresariales del sector estiman que esta restricción supondrá en la práctica expulsar del sector a más de la mitad de la flota que actualmente opera en la Ciudad Condal, conforme a los datos que constan en la memoria de impacto económico que se elaboró para la aprobación de la Ordenanza.

En este sentido, Fenadismer calcula que afectará, en concreto, al 56% de los vehículos ligeros y al 59% de los vehículos pesados censados en Barcelona dedicados al transporte de mercancías.

Manifiesto conjunto

Ante esta situación, las patronales han elaborado un manifiesto conjunto del sector que ya ha sido suscrito por más de 2.000 transportistas afectados

En el documento, los transportistas defienden que el transporte de mercancías por carretera es un servicio esencial y necesario y que «la regulación e implantación de la ZBE de Barcelona, no ha ido acompañada de las adecuadas modificaciones normativas y ayudas a las cuales se había comprometido la Administración para la reconversión del sector y poderse implantar la medida de forma no traumática».

Así mismo, las asociaciones también aluden a «la crisis sanitaria y económica» ha imposibilitado que los autónomos y las pymes del transporte hayan adaptado sus flotas de vehículos a los requisitos establecidos en la ordenanza de la ZBE de Barcelona, algo que, a su juicio, «pone en serio peligro tanto la distribución de bienes y servicios en Barcelona, como los miles de puestos de trabajo que de ella dependen».

Por lo tanto, piden «que todos los vehículos adscritos profesionalmente a la actividad y sobre todo los que requieren de una autorización de transporte, deben quedar exentos de las restricciones de circulación para la ZBE, mientras las propias Administraciones no faciliten los medios para la adecuada reconversión del sector de forma progresiva y realista, con una especial atención a aquellos transportistas autónomos mayores de 60 años».

De igual manera, también reclaman «un marco legislativo y medidas adaptadas a la situación, así como ayudas directas para poder llevar a término la reconversión del sector del transporte de la manera más pronta y eficiente posible, esto es lo razonable, porque además no existen opciones reales, ni alternativas posibles para el cambio de vehículos industriales. El progreso técnico no ha llegado a los combustibles que pueden utilizar los vehículos del sector de más de 3,5 toneladas de MMA».

Como consecuencia, las organizaciones convocan una mesa de negociación con las Administraciones implicadas para «fijar las condiciones y reivindicaciones para la reconversión del sector y la ampliación de la moratoria para los vehículos de transporte de mercancías».

De no lograrse un acuerdo entre las partes implicadas, los transportistas amenazan «de forma irremediable e inmediata, a movilizarnos y manifestarnos en defensa del sector, otros sectores y subsectores, que puedan estar afectados y quieran sumarse a nuestras reivindicaciones”.