El transporte por carretera que se realiza "con matrícula rumana" en España ha pasado de ser de nueve millones de toneladas en 2011 a casi 200 millones de toneladas en 2016, "simplemente porque un conductor rumano cobra una cuarta parte que un trabajador español, y un búlgaro una sexta parte".
Así lo ha señalado el diputado del Grupo Socialista, Rafael Simancas, quien ha catalogado de "papel mojado" la transposición de la Directiva comunitaria de trabajadores desplazados convalidada este jueves 22 de junio en el Congreso, a través del Real Decreto-ley 9/2017.
Según Simancas, la transposición "se ha hace inútil porque el Gobierno olvidó suprimir una excepción, la que exonera de comunicar del desplazamiento de trabajadores a aquellas empresas que prevean hacer servicios con duración inferior a ocho días, algo que no sucede en ningún otro país del entorno".
Así, "son miles los servicios que se van a escapar por este agujero, por ejemplo, en el ámbito del transporte. Todos los transportes que se realizan en el ámbito europeo requieren servicios que duran menos de ocho días", ha apuntado el diputado socialista, quien asegura que el texto "condena al sector a la competencia desleal por la deslocalización de las empresas en Europa del Este".
El origen del problema
La transposición de la normativa también ha sido duramente criticada, por su forma, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos. Según ha afirmado el diputado del grupo Alberto Rodriguez, "la flota de transporte domiciliada en los países del Este de Europa transporta ya el 25% de las mercancías que se exportan e importan desde España por carretera, según datos de Eurostat", ha asegurado el diputado.
Rodriguez ha detallado el artículo al que se referiría posteriormente el diputado socialista. El problema viene de la Ley de 1999 por la que se transpuso esta Directiva de 1996 del desplazamiento de los trabajadores. Su artículo 5.3 recoge que las condiciones de trabajo establecidas en la Legislación Laboral española relativas a las vacaciones anuales retribuidas y la cuantía del salario no serán de aplicación "cuando la duración no exceda de los ocho días".
Así, este artículo supone "una vía de escape" para las empresas que no quieren cumplir con la Ley, aseguran desde Unidos Podemos, algo que ya habían advertido desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
Fenadismer solicita la comunicación desde el primer viaje
Tras el debate, el Congreso ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley para permitir introducir enmiendas al mismo. Desde Fenadismer confían en que dichas enmiendas permitan mejorar el control de las empresas deslocalizadas que operan en España.
Así, insisten en la necesidad de exigir a las empresas extranjeras que operen en España que notifiquen sus desplazamientos desde el primer viaje.