Tras un análisis exhaustivo de 18 proyectos ferroviarios llevados a cabo en España, República Checa, Alemania, Francia y Polonia para fortalecer el transporte de mercancías por ferrocarril, el Tribunal de Cuentas Europeo considera "insatisfactorias" las políticas de la UE destinadas a este fin.
Según el informe que los auditores han concluido recientemente, a pesar de la aportación económica y a la prioridad concedida por la Comisión Europea al transporte de mercancías por ferrocarril, que se traduce en 28.000 millones de euros de financiación comunitaria en el periodo 2007-2013, la posición del transporte por carretera se ha reforzado en los últimos 15 años.
Además, los resultados de estas iniciativas "siguen siendo, por lo general, insatisfactorios", apunta el texto.
En este contexto, el Tribunal da un toque de atención a todos los países analizados, incluso a Alemania, a la que asegura que su cuota elevada se debe al alto grado de industrialización y la situación central del país.
Pero es España probablemente el país peor parado, al sufrir "los efectos de un proceso de liberalización lento e incompleto", invertir mucho más en las líneas de Alta Velocidad y limitar la competencia.
Prioridad a la Alta Velocidad
El estudio destaca que, en varios países europeos, los fondos de la UE para transporte ferroviario no se emplearon "primordialmente" para satisfacer las necesidades del transporte de mercancías. En este sentido, el informe pone a España como ejemplo, ya que el país destinó el 95% de la financiación al ferrocarril a las líneas de Alta Velocidad.
Si bien es cierto que algunas de estas líneas se iban a utilizar tanto para viajeros como para mercancías, las líneas ferroviarias de alta velocidad se dedican en la actualidad casi exclusivamente al tráfico de viajeros, salvo en los tramos Barcelona-Figueras-Perpiñán.
En lo que respecta a la liberalización, España es el Estado miembro con una cuota del operador predominante más alta, del 81%, frente al 66% de la media europea.
Falta de competencia
Por último, los auditores indican que el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril de la UE se encuentra sometido a un proceso de fusiones, en el que los operadores predominantes compran competidores nacionales y extranjeros, lo que, según el Tribunal, puede ir en perjuicio de la competencia.
El informe vuelve a poner como ejemplo a España, indicando que no se vendieron locomotoras o vagones excedentes del operador predominante a otros operadores ferroviarios en el mercado de dicho país, aunque sí se vendió material rodante excedente a operadores de otros países.
En la misma línea, los auditores subrayan que el Gobierno estableció en abril de 2014 una empresa independiente para el arrendamiento de material rodante, pero que en el momento de la fiscalización todavía no había arrendado ninguna locomotora ni ningún vagón a nuevos participantes.