La existencia de empresas buzón no es cosa solo de España, sino que, a tenor de algunas denuncias sindicales, es una práctica que carcome el corzón mismo de la Unión Europea.

Estos abusos van no solo contra la libre competencia en el sector, sino contra la dignidad en el empleo de un colectivo que juega un papel fundamental en la actividad económica de la UE.

Un sindicato belga ha estado investigando durante meses las que considera prácticas ilegales de contratación de chóferes del grupo Jost, una empresa internacional cuya filial belga tiene su sede en la localidad de Herstal.

Según la central sindical CSC, cada dos semanas, un avión despega de Bucarest con entre 150 y 160 conductores de camión, a los que se lleva a Maastricht.

A su llegada, un autobús los espera, como relata la organización sindical y recoge la federación europea ETF, y los lleva a las instalaciones de la compañía, desde donde parten hacia diferentes destinos en territorio belga o en otras partes de Europa.

Al mismo tiempo, según la central, Skiptrans, filial rumana de Jost, emplea a 842 conductores, pero no tiene material rodante. Además, el sindicato calcula que el salario promedio que cobran los conductores de Skiptrans es un 15% del salario promedio de convenio en Bélgica.

A la vista de estas prácticas, el sindicato, CSC estudia la posibilidad de llevar el caso ante la Justicia del país.

De igual modo, los representantes de los trabajadores denuncian las, en su opinión, denigrantes condiciones de salubridad en que viven los conductores en las instalaciones belgas de la compañía, extremo que niega la empresa.