AP-7 a su paso por Torreblanca

La concesión de la AP-1 finaliza el 30 de noviembre, mientras que las de la AP-7 y la AP-4 terminan el 31 de diciembre de 2019.

El Gobierno liberará los peajes de las autopistas cuya concesión de 50 años termina entre 2018 y 2021, que se incorporarán a la red pública. Así lo ha adelantado el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País, en la que asegura que el coste directo de la conservación y mantenimiento ascenderá a entre 50.000 y 68.000 euros por kilómetro al año.

Además, cabría la posibilidad de que el Estado siguiera cobrando esos peajes, pero el Ejecutivo prefiere liberar la AP-1 entre Burgos y Armiñón, en Álava, de 84 kilómetros, la AP-7 entre Alicante y Tarragona, con 474, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, con 94 kilómetros en total.

La concesión de la AP-1 concluye el 30 de noviembre, mientras que las de la AP-7 y la AP-4 finalizan el 31 de diciembre de 2019. En este contexto, Ábalos confirma que en la medida en que la red pública vaya aumentando, será necesario plantearse «una reflexión sobre los costes de mantenimiento».

Los transportistas aplauden la medida

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, cree que la medida promovida por el ministerio permitirá una «mejor redistribución de los tráficos entre las carreteras nacionales y las autopistas de peajes», basando la elección no en criterios exclusivamente económicos, sino en la distancia o el destino.

Una gran cantidad de vehículos que actualmente circulan por las carreteras nacionales empezarán a a utilizar las autopistas de peaje por su mejor trazado y velocidad máxima permitida, lo que posibilitará una utilización más racional de las carreteras nacionales por los camiones, que tienen más limitada su velocidad.

Por otro lado, los profesionales del sector, que abonan unos 1.900 euros anuales por vehículo en concepto de peajes, verán rebajada su factura. Para continuar con esta dinámica, Fenadismer solicitará que una vez se aprueben los Presupuestos Generales se ponga en marcha el plan de incentivos económicos para fomentar el desvío voluntario de camiones en las autopistas, al que se destinarán 45 millones de euros.

Autopistas quebradas

En cuanto a las nueve autopistas quebradas que ha rescatado el Gobierno, Fomento auditará los costes y los plazos de la relicitación, dado que tiene que evaluar el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía.

En este sentido, se centrarán en la cifra que debe asumir el Ejecutivo como Responsabilidad Patrimonial ante las concesionarias de las autopistas. «Tenemos que saber exactamente de cuánto estamos hablando y de la afectación al propio déficit del Estado«, ha confirmado el responsable del Ministerio.

Ábalos asegura que se podrían ingresar hasta 700 millones de euros por la relicitación, según le han confirmado responsables del anterior Gobierno, muy por debajo de los 2.000 o 2.600 millones que se calcula que deberían ingresar en concepto de Responsabilidad Patrimonial.

En cualquier caso, el ministro se pregunta si habrá finalmente interesados en pujar por esas vías, dado que «han pasado a manos del Estado debido a que nadie las quiso«.